Un episodio ocurrido en las últimas horas en el Parque Urquiza de Paraná volvió a poner en primer plano una problemática que excede lo estrictamente policial: la necesidad de conducir con responsabilidad y de respetar los bienes de la comunidad. La difusión de un video en , que se viralizó rápidamente, mostró maniobras peligrosas realizadas por el conductor de una camioneta en una de las zonas más emblemáticas y concurridas de la capital entrerriana.
En las imágenes se advierte una camioneta Toyota Hilux blanca ascendiendo de manera imprudente por las barrancas del parque, en el sector de miradores. Ese espacio público, destinado al esparcimiento y frecuentado por peatones, familias y turistas, convierte este tipo de acciones en un riesgo concreto para la vida de terceros y en un potencial daño grave al patrimonio natural y urbano del Estado.
Con ese registro fílmico, la Policía de Entre Ríos logró identificar el dominio del vehículo —chapa patente colocada AA290BP— y, mediante los sistemas informáticos correspondientes, estableció la titularidad del rodado. El conductor fue identificado como Misael Fabián Reding, domiciliado en la ciudad de Paraná, quien coincide con el titular registral de la camioneta.
Desde la fuerza policial informaron además que el conductor está alcanzado por una medida judicial del fuero de Familia: en octubre de este año, un Juzgado de Familia libró un oficio al Municipio de Paraná disponiendo el retiro de su licencia de conducir por figurar como deudor alimentario en el marco de una causa por alimentos provisorios. Ese antecedente agrega un componente de gravedad institucional al episodio, ya que evidencia el incumplimiento de una orden judicial vigente.
Tomada intervención, la fiscal Valeria Vilches dispuso —tras consultar con el juez de Garantías Nº 5, Elvio Garzón— el secuestro formal del vehículo, medida que fue instrumentada por la Policía de Entre Ríos. El procedimiento busca no solo asegurar el rodado para las actuaciones judiciales, sino también prevenir la reiteración de conductas similares.
El caso interpela a la sociedad en su conjunto. Conducir no es un acto privado, sino una responsabilidad social que implica respetar normas, decisiones judiciales y bienes públicos que son de todos. Las maniobras temerarias no solo ponen en peligro vidas, sino que también erosionan la convivencia y el cuidado de los espacios comunes. Hechos como este deberían servir de punto de reflexión: la prevención vial y el respeto por el patrimonio estatal son pilares indispensables de una ciudadanía responsable.
