Los concejales de la oposición Enrique Ríos y Graciela Quinteros (FEF), Marcelo Haddad (PS) y Miguel Rettore (UCR) presentaron un proyecto de ordenanza, que tomará estado parlamentario el próximo miércoles, dejando sin efecto el Decreto Nº 1390/12 por el cual la intendenta disolvió la Escuela Granja Municipal; disponiendo la continuidad de la misma de acuerdo a los fines establecidos en la Ordenanza Nº 7.712 por la cual se la creó en el año 1995; a la vez que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a aumentarle el presupuesto y a reubicarla físicamente si fuese necesario.En los fundamentos del proyecto, los ediles manifiestan que con esta medida subsanan “el grueso error cometido por la intendenta que desatinadamente cerró esta institución educativa de alto contenido social pretendiendo derogar la ordenanza que la creó, con el dictado del Decreto Nº 1390/12, en un desconocimiento supino de la pirámide jerárquica normativa de la administración pública, por la cual un decreto del Departamento Ejecutivo jamás puede derogar una Ordenanza del HCD, mientras que ésta sí, puede dejar sin efectos un decreto”, según se expresó en un comunicado enviado a <b>INFORME DIGITAL.</b>Los ediles resaltaron que la Escuela Granja municipal fue creada con una finalidad “no solo educativa, sino que con una misión mucho más profunda: la de ‘brindar un contexto socio-afectivo que posibilite a los jóvenes construir una personalidad operativa basada en la autoestima, valores morales, fortalecimiento de la identidad y sana convivencia para la elaboración de un proyecto de vida posible’, según lo que dice textualmente la Ordenanza de creación; por lo que tampoco tiene basamento ético el sostener que se disuelve la Escuela Granja por cuestiones económicas o porque ‘conlleva altos costos de mantenimiento’ como dice el Decreto Nº 1390/12′”.En otra parte del documento consideraron que fue “la desidia de las gestiones de gobierno” lo que ha llevado “a que la Escuela Granja no resulte eficiente a los intereses de la administración”, aunque expresaron su inquietud por “saber claramente cuáles son esos intereses, porque si estamos hablando de lo puramente económico, estaríamos desconociendo que todo gasto que se realice en pos de mejorar la educación es en realidad una inversión a futuro, máxime cuando está dirigida a jóvenes ‘que no tienen muchas posibilidades de incrementar su autoestima y tienen limitado seriamente su ingreso y/o permanencia en el nivel medio del sistema educativo’, tal como se define en el texto de su creación”.Por último manifestaron que sería “mucho más razonable disponer la jerarquización del establecimiento educativo, aumentar su presupuesto y reubicarlo físicamente si fuese necesario, pero nunca disponer su disolución y menos por decisión de una intendenta que proviene de los sectores educativos y que fue presidenta del Consejo General de Educación (CGE) de la Provincia”.