Siendo Director del Instituto del Seguro logró que a cambio del pago de un siniestro, más Bonos Federales al valor nominal y un monto mínimo en pesos, quedarse con un departamento del organismo, ubicado en pleno centro de la ciudad, operación que el propio Fernández avaló en su condición de funcionario y que se realizó sin llamado a licitación. También se ordenó seguir manteniendo la excarcelación bajo caución juratoria que oportunamente le fuera conferida, publicó Cuestiones On Line.Entre las medidas dispuestas se establece para la continuidad de la investigación la realización de las siguientes diligencias: a) se librar oficio al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos a fin de que informe si concluyeron las actuaciones relativas a la Rendición de Cuentas Nº 1999-2002 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/02 del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, remitiendo en su caso copia de las mismas. b) citar a prestar declaración testimonial en audiencias a señalar al efecto a la Sra. Susana Martínez Lacabe, Fiscal de Cuentas del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y al Contador Público Nacional José Julio Barci. Asimismo se dispuso TRABAR EMBARGO sobre bienes del encartado hasta cubrir la suma de Pesos un mil ($ 1000), a los efectos del art. 534 del C.P.P., y en caso de no contar con bienes o resultar estos insuficientes disponer su inhibición general de bienes. La Causa El día 25 de setiembre Fernández compareció en el Juzgado de Instrucción Nº 5 a prestar declaración indagatoria. Al ex director del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, se le acusó de haberse aprovechado del cargo que ocupaba en el directorio del ente en beneficio propio, entre el año 2001 y 2002. A Tomás Fernández se le imputa el delito previsto en el art. 265 del Código Penal : negociación incompatible con la función publica. A cambio del pago de un siniestro, más Bonos Federales al valor nominal y un monto mínimo en pesos, se quedó con un departamento del Instituto, ubicado en pleno centro de la ciudad, operación que el propio Fernández avaló en su condición de director y que se realizó sin llamado a licitación. La Oficina Anticorrupción y Ética Pública presentó la demanda el 1 de marzo último; en el mes de mayo, el Fiscal requirió la instrucción formal, con lo cual hizo propia la argumentación del denunciante, admitiéndolo como querellante. Ahora el juez de Instrucción determinó su procesamiento, en el marco de las actuaciones caratuladas “Fernández Armando Tomás s/negociaciones incompatibles con ejercicio de sus funciones”. El departamento con cochera esta ubicado en el edificio de Buenos Aires y Ecuador, y fue adquirido, el 17 de mayo de 2002. La causa se inició por denuncia de la Oficina Anticorrupción que tomó elementos de la auditoria realizada por el Tribunal de Cuentas, donde se señala, entre otras cosas que el siniestro por el que se indemnizó a Fernández ocurrió en abril de 2002 y ya en mayo de 2002 estaba lista la liquidación, cuando por lo general casi todas las indemnizaciones por siniestro liquidados se materializaban, en esa época, en períodos de tiempo mucho mayor. En otra auditoría, cuyo informe se fechó el 10 de junio de 2004, el TdeC estableció que el asunto “fue anejado en forma directa por el directorio” y que, si bien pudieron haber existido fundamentos que avalaran la venta en forma directa, la elección de los compradores no habría sido realizada en forma transparente, ya que no existe documentación que permita determinar cuales fueron los mecanismos utilizados para la elección de los mismos”, mientras no logra explicarse por qué no se recurrió al remate público.
