De la redacción de INFORME DIGITAL
La Policía de Entre Ríos enfrenta una crisis sin precedentes: en apenas ocho meses de 2025, siete integrantes de la fuerza se quitaron la vida. El último caso ocurrió el miércoles 20 de agosto, cuando fue hallado muerto Claudio González, suboficial retirado de 61 años, en Rosario del Tala. Su cuerpo apareció en las instalaciones del Círculo de Retirados, donde trabajaba en la Comisión Directiva y aún cumplía tareas administrativas en la Secretaría General de la Jefatura Departamental Tala.
La muerte de González se suma a las de María Luciana Núñez (10 de enero), Natalia Ruiz Moreno (18 de febrero), Nicolás Gervasoni (26 de junio), Víctor Taborda (4 de julio), Agustín Monzón (6 de julio) y Eloísa Holotte (6 de agosto). Todas fueron catalogadas como autodeterminaciones. El cortejo fúnebre de González se realizó ese mismo día, en medio de la conmoción de colegas y familiares.
Frente a la seguidilla de muertes, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, rompió el silencio en julio. Primero advirtió: “Nos ocupamos del stress laboral. La función policial es dura y estricta. El policía es un ser humano… no es supermán que todo lo puede.” Luego, en un comunicado oficial del 12 de julio, agregó: “Es un sentimiento de mucho dolor… primero somos seres humanos.”
Ese mismo día anunció un equipo permanente de psicólogos y una línea 24 horas de asistencia. Tras el caso de Holotte en agosto, reforzó capacitaciones en intervenciones de crisis de salud mental y sostuvo: “Debajo del uniforme hay una persona común… No hay que mirar para otro lado, hay que ocuparse.”
La última medida fue ordenar la licencia anual obligatoria para todo el personal policial, con el fin de evitar la acumulación de días y garantizar descanso. También se analiza reubicar personal administrativo en áreas críticas para reducir cargas de trabajo.
Sin embargo, los anuncios resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Sindicatos, familiares y organizaciones sociales señalan que los suicidios reflejan causas estructurales: bajos salarios, precarización laboral, exceso de horas de servicio y una cultura institucional que históricamente desalentó pedir ayuda psicológica.
El caso de González vuelve a poner en agenda una pregunta urgente: ¿alcanza con medidas aisladas o se requiere un cambio profundo en la política de seguridad y salud mental de Entre Ríos?
