Fueron imputados los ex ministros Enrique Carbó y Rubén Villaverde, además del ex director de Trabajo Manuel Rodríguez a quien se le atribuye el delito de falsedad ideológica.
El caso corresponde a la designación de 13 personas producida supuestamente el 31 de mayo de 2002, pero que en esa época revistaban en la administración pública como contratados y sus respectivos contratos les habían sido renovados con vigencia durante todo 2002.
Se sospecha que el decreto fue suscripto con posterioridad a lo que indica su fecha y agrava la situación que a los beneficiarios se les liquidaron con retroactividad sus haberes por esos meses, a pesar que ya los habían percibido como contratados. El monto del perjuicio llegaría a los 128.495,85 pesos.
Se sospecha que en realidad el decreto fue realizado en 2003, y firmado por Carbó en carácter de ministro de Gobierno cuando ya no lo era y se desempeñaba como vocal del Instituto Autárquico Provincial del Seguro.
Fuente: Uno.