Normas de conducta
Los tres imputados acusados del delito de Malversación de caudales públicos fueron representados por los abogados Pedro Raitieri y Gerardo Ormaechea.Según se dispuso, Alberto Domingo Ingui, en su calidad de gerente de la empresa de seguridad privada a cargo de la custodia del inmueble de la ex Epeer residual, deberá realizar durante dos años un aporte mensual de 100 pesos a la Cooperadora del hospital San Roque, y debe aportar mercadería por el valor de 100 pesos al hogar de ancianos San Vicente de Paul.
En tanto, para Carlos Bautista Arias se fijó como norma de conducta la donación durante 20 meses de 50 pesos en alimentos en favor del comedor capilla Santa María de los Ángeles del barrio Las Rosas, en Paraná. Idéntica medida se ordenó para Cristian Donaldo Dorbessán, pero con el aporte mensual de 20 pesos para el mismo comedor.
La causa
Según la acusación fiscal, la Secretaría de Energía, a través de su titular, el contador Raúl Rico, decidió el 8 de febrero de 1999, luego de una licitación pública, encomendar la custodia de los bienes muebles que estaban dentro del predio sito en calle Gregoria Matorras de San Martín (conocido como Vieja Usina) a una empresa de seguridad privada.
Supuestamente, el gerente de la empresa de seguridad junto a otros dos hombres sustrajeron todos los elementos en el período comprendido entre la segunda quincena de octubre de 1999 y la primera semana de noviembre del mismo año.Los elementos habrían sido cargados en un camión Fiat 619 con caja y acoplado, otro marca Dodge 800 con caja, otro camión con caja y acoplado amarillo y en un colectivo viejo que ingresaban al predio de calle Gregoria Matorras supuestamente con el apoyo de los efectivos de seguridad. Aparentemente los elementos fueron trasladados al Club Tiro Federal de Paraná, ubicado en calle Churruarín 759. Allí, supuestamente, eran depositados en los viejos baños y en la galería de Tiro de Fusil de grueso calibre (actualmente en desuso).
También se habrían encontrado elementos en un galpón ubicado en calle Gervasio Méndez 765, en Paraná.
En tanto que otra parte de la mercadería habría sido entregada por el propietario de la empresa de seguridad al club Tiro Federal de Rafaela en la provincia de Santa Fe, ubicado en calle Aristóbulo del Valle y Benito Arduiza, hasta donde fueron trasladados, supuestamente, por los otros dos imputados por indicaciones del empresario que además es socio de la entidad y fue presidente del Tiro Federal de la capital provincial. (Fuente: Uno)