Los diputados nacionales Blanca Osuna y Leopoldo Moreau presentaron este lunes una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, bajo la dirección del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
La denuncia también incluye a los jefes de las fuerzas federales de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, así como a todos aquellos responsables en la cadena de mandos que participaron en los operativos ilegales realizados el 18 de junio, en el contexto de la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Los delitos que se imputan son abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, agravados según los artículos 248 y 249 del Código Penal, así como los artículos 1 y 2 de la Ley N° 23.592 contra Actos Discriminatorios.
Según el escrito, las personas que se dirigían a participar de la manifestación en Plaza de Mayo fueron amedrentadas y hostigadas mediante la detención de los vehículos en los que viajaban por rutas nacionales. Fueron obligadas a descender de los micros, requisadas sin orden judicial, y se les exigió documentación, además de tomarse fotografías de listas de pasajeros y requerir datos personales, todo sin notificación de razones de demora ni acta o fundamento legal alguno.
“Es un hecho gravísimo. Se habilitaron requisas de mochilas o carteras sin orden judicial, en camino a una movilización, lo que configura abuso de poder. Este es un esquema organizado de persecución política y vigilancia estatal sobre ciudadanos en razón de su pertenencia o simpatía política que no debe naturalizarse. No aceptamos que se reinstalen métodos que se conocieron en dictaduras en Argentina”, alertó Osuna.
La denuncia también resalta que los operativos violaron la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Inteligencia Nacional y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las fuerzas actuaron sin presunción de delito ni motivo razonable, criminalizando no solo la protesta, sino también la actividad política de ciudadanos, algo prohibido por nuestras normas constitucionales y los pactos internacionales vigentes.
“El Estado no puede fichar ni vigilar a nadie por su pertenencia política o sindical. Esta norma fue dictada justo antes del acto masivo en apoyo a Cristina. Eso es hostigamiento, persecución y abuso del aparato estatal”, afirmó la diputada entrerriana.
Asimismo, se cuestiona la legalidad del Decreto 383/2025, que permite a las fuerzas de seguridad realizar tareas de “prevención” sin control judicial, incluso mediante ciberpatrullaje en redes sociales y sitios digitales.
“Lo estamos viendo: persecución, detenciones, vigilancia, espionaje digital. No es prevención, es represión selectiva. Este decreto ilegal debe ser anulado de inmediato. La gravedad institucional revela un patrón sistemático de persecución por parte del Gobierno Nacional”, enfatizó Osuna.
En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, se solicitó que la Justicia ordene la custodia judicial de toda la base de datos, planillas, archivos digitales y dispositivos utilizados para almacenar la información recolectada. Asimismo, se requirió que se informe si se ha dado algún tratamiento o derivación a los datos relevados desde los organismos intervinientes.
“Esperamos que la Justicia actúe ante este atropello a la democracia, proteja los derechos y ponga fin a este uso ilegal del Estado, que debe proteger y no perseguir, amedrentar y violentar”, concluyó Osuna.
