En medio de la incertidumbre respecto al futuro del Instituto Nacional de Semillas (Inase), se ha revelado que este organismo presenta una alta dependencia de contratos temporales: un 74% de su planta está compuesta por personal contratado, mientras que solo el 19% corresponde a empleados permanentes. En este contexto, desde el gremio han advertido que la posible degradación del instituto a una dirección nacional pone en riesgo su funcionamiento estructural. Según un expresidente, estos cambios están politizando al ente, lo que podría perjudicar las inversiones futuras en el sector agropecuario.
Cabe recordar que, días atrás, LA NACION informó que el gobierno de Javier Milei planea, mediante un DNU, degradar al Inase, que es la autoridad de aplicación de la ley de semillas y se encarga de la fiscalización, registro y control en este ámbito.
La decisión ya ha sido comunicada a los empleados: Gloria Gómez y Darío Littieri, delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Inase, manifestaron a LA NACION que, a raíz de los cambios en el Inase, este instituto enfrentará una grave pérdida de masa crítica, debido a la mínima dotación de personal con contratos temporales. Esta modalidad de contratación, sin estabilidad ni carrera administrativa, genera incertidumbre y precariedad, especialmente ya que los contratos son renovables solo hasta diciembre.
En un evento, miembros del Inase comentaron a Iraeta sobre los avances del instituto
Señalaron que menos del 25% del personal no cuenta con formación profesional, mientras que un 75% sí es profesional, un dato relevante tratándose de un ente técnico cuya misión principal incluye la fiscalización, control y actividades relacionadas con la biotecnología. “Algunos se están marchando por su cuenta. Los contratos se renuevan bajo esta modalidad y quienes tenían contratos hasta diciembre están en riesgo, debido a la propuesta de Centralización del Inase, que involucra áreas que se consideran duplicadas”, añadió Gómez.
El 74% de los 245 trabajadores corresponde a 182 personas contratadas, mientras que solo 46 son de planta permanente (19%). Con el plan del Gobierno, los empleados contratados de áreas como administración, recursos humanos, legales, comunicaciones, informática y auditoría, argumentando que se trata de “funciones duplicadas” dentro de la Secretaría de Agricultura, quedarían excluidos del organismo.
El 74% de los 245 trabajadores corresponde a 182 personas contratadas, mientras que solo 46 son de planta permanente (19%)INASE
Solo subsistirían las áreas técnicas específicas, como Fiscalización, Calidad (laboratorios) y Registro de Variedades. A esto se suma la incertidumbre en relación con el futuro de las delegaciones regionales, lo que podría dejar fuera al 50% del personal, en promedio.
Los delegados describieron que el Inase funciona como un “organismo escuela”, donde el personal administrativo debe adquirir conocimientos técnicos para llevar a cabo tareas complejas, desde la organización de ensayos hasta el control del etiquetado y fiscalización en el campo. “Muchos trabajadores accedieron a sus puestos por recomendación técnica o convocatorias abiertas y se formaron dentro del organismo a lo largo de años de experiencia específica”, completó Gómez.
El recorte no solo impacta en el capital humano: el Inase ya operaba con una dotación inferior a la considerada óptima en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se evaluó la dotación y se calculó la estructura mínima necesaria para el ente. Hasta la fecha, no se ha restablecido la cantidad óptima de personal para realizar las tareas: al inicio del gobierno de Milei, fueron despedidas 22 personas, pero en enero pasado se reemplazaron con otras 15, según los datos del gremio.
El Inase es uno de los pocos organismos superavitarios
El estado de ánimo entre los trabajadores es de angustia e “incertidumbre”, según expresaron en el gremio. “La gente está muy mal, porque todos los días esperan el decreto. Empieza a circular la información sobre el listado de despidos”, añadió Gómez. Littieri, además, señaló que en estos casos muchos trabajadores se irán sin indemnización al tener contratos vigentes hasta diciembre: “Esa situación también afecta a los compañeros, que saben que una vez que salga el decreto, se irán sin indemnización y sin forma de sostenerse a futuro.”
Uno de los que comprende la función del Inase es Carlos Ripoll, expresidente de este organismo entre 2006 y 2013. Según indicó, degradarlo a una dirección dentro de la estructura estatal es “una muy mala señal para el sector agropecuario y para los inversores”.
Recordó que el Inase se estableció como organismo autárquico y técnico en 1991, tras reemplazar al anterior Servicio Nacional de Semillas, y que su autonomía fue clave para su funcionamiento eficiente, su reconocimiento internacional y su superávit presupuestario.
“El Inase fue un modelo en América Latina; varios países vinieron a observar cómo funcionaba”, rememoró Ripoll. Subrayó que el instituto no solo controla el comercio de semillas, sino que también administra la propiedad intelectual, un eje central para el desarrollo del sector. “Pocos organismos combinan ambos aspectos, lo que lo vuelve estratégico”.
Durante su gestión, explicó, el organismo operaba con personal altamente calificado, técnicos especializados y convenios con provincias que permitían aplicar la Ley de Semillas vigente en todo el país. Su presupuesto propio oscila entre 15 y 20 millones de dólares anuales sin aportes del Estado, y aún genera superávit, a pesar de contar con siete delegaciones en el interior del país.
“Reducir gastos no puede ser justificación para desmantelar una estructura eficiente que, además, transfiere fondos al Estado. Si la excusa es disminuir gastos, hay muchas personas que, en términos generales, no justifican su rol, y son a quienes hay que despedir. Este es un organismo técnico. Las decisiones sobre un ente así deben tomarse con sumo cuidado,” afirmó.
El Inase nació como organismo autárquico y técnico en 1991INASE
Ripoll recordó que, durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), se intentó cerrar el Inase, y la experiencia demostró que su rol era indispensable. “Se rectificó esa decisión porque quedó claro que sin el Inase no se podía garantizar la calidad ni la identidad de las semillas que llegan al productor”, puntualizó.
“Esto indica que el Gobierno no otorga relevancia al tema de las semillas. Esto aleja a los inversores, que observan con gran atención lo que ocurre con este tipo de organismos técnicos. Si degradan un ente como este, no envía una buena señal”, manifestó. Advirtió que el Inase había tenido presencia y liderazgo en foros internacionales, como la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), lo que también está en riesgo.
Para Ripoll, el avance sobre el Inase ignora que “la semilla es el insumo más importante de toda la producción agropecuaria”. Afirmó que el éxito de una siembra depende en un 50% —o incluso más— de la semilla utilizada. “Ningún país serio descuida esto,” dijo. Y concluyó: “Si hay aspectos que necesitan corrección, se corrigen. Pero no se destruye un instituto clave. La gente que se va es personal capacitado; lo puedo confirmar.”
