Miércoles, 1 de agosto de 2007   |   Policiales

Ordenan reabrir la investigación contra Taselli

La Cámara Federal ordenó que se continuara con las tareas para conocer cómo se utilizaron los fondos del Estado destinados para mejorar el servicio. Sergio Taselli, también dueño del frigorífico Santa Elena, será juzgado.
Los jueces revocaron por "prematuros" los sobreseimientos de los ex funcionarios de la CNRT Rodolfo Alfredo Ciappa, José Bernasconi, José Recio y Jorge Perez, y a ex directivos de la empresa cuestionada Juan Carlos Loustau Bidaut, Sergio Taselli y Luis Carral. La Cámara Federal ordenó continuar una investigación por el uso dado a fondos estatales por parte de la ex empresa concesionaria "Transportes Metropolitanos General Roca SA" para obras de mejoramiento del servicio, al revocar sobreseimientos que había dispuesto en una instancia anterior la jueza María Servini de Cubría. El tribunal de apelaciones ordenó ampliar un peritaje para establecer el uso dado por la empresa al dinero ingresado desde el Estado entre 1996 y 2001, que "asciende a la suma de 62.908.513 pesos, correspondiendo aproximadamente al 65 por ciento de las obras totales comprometidas a efectuarse en el término de diez años", señalaron los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Farah en la resolución. El fallo que revocó los sobreseimientos de los imputados en el caso se dictó a horas del inicio del receso judicial de invierno en tribunales y fue difundido este martes. Los jueces entendieron que debe seguir investigándose el "destino del dinero faltante de aplicación" ya que una pericia demostró que del total entregado por el Estado, la empresa "Transportes Metropolitanos General Roca SA" efectuó "mejoras sobre el material rodante e infraestructura durante el período 1996/2001 por 27.288.469,53 pesos. "No se ha dado respuesta, ni en el peritaje mencionado como así tampoco en el decisorio recurrido, al destino del dinero faltante de aplicación según la resultante de contrastar lo recibido por la empresa en concepto de obras realizadas correspondiente al Plan de Inversiones y las mejoras efectivamente ejecutadas", consignaron los camaristas. Los jueces revocaron por "prematuros" los sobreseimientos de los ex funcionarios de la CNRT Rodolfo Alfredo Ciappa, José Bernasconi, José Recio y Jorge Perez -que ocuparon cargos en el organismo entre 1999 y 2002- y a ex directivos de la empresa cuestionada Juan Carlos Loustau Bidaut, Sergio Taselli y Luis Carral. Todos quedaron con falta de mérito, es decir, sin elementos suficientes aún en la causa como para ser procesados pero tampoco sobreseídos y desvinculados, como había resuelto la juez Servini de Cubría. "Resulta conveniente materializar una ampliación del peritaje a los efectos de zanjar tales inconsistencias", afirmó el tribunal de apelaciones que recordó las multas que tuvo la empresa cuestionada por falencias en el servicio. La ex concesionaria había atribuido a "actos vandálicos" que "saqueaban las formaciones y estaciones" los que impedían cumplir "las metas perseguidas". Pero la Cámara sostuvo que hasta noviembre de 2002 se abrieron 99 expedientes con multas desde 75 a 850 mil pesos "en tanto se hizo notar que había personal que prestaba funciones con aptitud médica vencida, formaciones que circulaban con coches donde las puertas estaban clausuradas y sin aviso alguno a los usuarios, matafuegos con cargas vencidas, faltantes de extintores", entre otras fallas. "El tenor de las sanciones, su reiterada imposición y los importantes montos fijados, llevan al Tribunal a disentir con el examen realizado por la juez", enfatizó la Cámara que remarcó además que "no se efectuó un análisis profundo de la responsabilidad individual de integrantes de la CNRT a la luz de la conducta esperable de estos frente a cada uno de los graves incumplimientos de la concesionaria". La causa judicial se abrió en el 2002 a raíz de la denuncia de un particular y fue investigada por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, quienes habían considerado que los imputados cometieron el supuesto delito de "fraude a la administración pública" que prevé de dos a seis años de prisión.

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