El debate sobre el presupuesto de las universidades nacionales ha regresado al Congreso de la Nación con la presentación de un nuevo anteproyecto de ley, elaborado a propuesta de la comunidad universitaria.
En un encuentro que contó con la presencia de representantes de los bloques de Unión por la Patria, Democracia, Izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, rectores, docentes, no docentes, alumnos y sindicalistas de universidades nacionales expusieron un anteproyecto que busca “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina”.
Un grupo de diputados, que ya había respaldado un proyecto similar impulsado por la diputada Danya Tavela del bloque de Democracia, se apropiará de este texto para presentarlo en las comisiones correspondientes.
La intención es que el miércoles de la semana próxima, siempre que se logre el quórum, se convoquen a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presididas por José Luis Espert (LLA), y de Educación, a cargo de Alejandro Finocchiaro (PRO), para habilitar el debate sobre el financiamiento universitario.
La diputada Blanca Ozuna de Unión por la Patria adelantó que buscarán que estas comisiones aborden el proyecto el 10 y 11 de junio, se dicte el dictamen y se presente en el recinto el 19 de junio.
Miembros de la comunidad académica explicaron que el proyecto “es similar al que el Ejecutivo vetó y que, junto al PRO y los radicales ‘con peluca’ que hoy forman el bloque Liga del Interior”, afirmaron.
Este anteproyecto consta de 12 artículos y establece no solo la seguridad de los fondos para el funcionamiento del sistema educativo y de investigación pública, sino también el modo en que se llevará a cabo.
En su artículo 2, se establece que el incremento de la inversión en Educación Universitaria “se destinará, prioritariamente, a afianzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua”.
Asimismo, se prevé asegurar “las condiciones laborales y salariales de los y las docentes y no-docentes; el derecho a la educación, mediante un aumento en los recursos destinados a tecnología digital, así como el fortalecimiento de la planta del personal docente y no-docente”.
En este contexto, se establece un ajuste salarial a través de paritarias que al menos acompañe la inflación del Indec.
Además, el proyecto pretende “ampliar la oferta de carreras universitarias y pre-universitarias” y “promover y profundizar la función de extensión universitaria”.
También se buscará asegurar fondos para “desarrollar y consolidar la función de investigación” y garantizar la infraestructura, así como “incrementar anualmente la inversión en programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario”.
Dentro de este esquema, el artículo 10 establece que el presupuesto destinado a la educación universitaria “se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2031, como mínimo, una participación del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado cada año”, comenzando con el 1% del PBI en 2026.
“Hoy nos acercamos esta propuesta al Congreso con la voluntad y la expectativa de que pueda encontrar eco, tratamiento y aprobación para resolver estos problemas. Para caracterizarlo sintéticamente, es una propuesta responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria, que es el Congreso de la Nación. Es una propuesta razonable porque busca esa solución de fondo sin comprometer fiscalmente al Estado”, explicó Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario.
“Es un proyecto urgente porque la situación es realmente grave y delicada, y requiere atención rápida; es un proyecto, desde nuestra perspectiva, necesario, porque vuelve a poner las cosas en su justo lugar”, agregó.
El resto de los oradores de la comunidad académica sostuvieron que el Ejecutivo “no está llevando adelante un ajuste, sino una destrucción del sistema universitario y de investigación”.
En la Cámara de Diputados, hay otros cinco proyectos de financiamiento universitario provenientes de los bloques de la Izquierda, Unión por la Patria y Democracia.
