La inaudita promoción de una criptomoneda fallida por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de la Nación llena de preocupación a quienes aspiramos a vivir en una república transparente y equilibrada. No existen más que dos opciones: o el Presidente fue engañado, y en ese caso es peligroso que esté alguien tan vulnerable al frente de la República, o el Presidente fue cómplice de la estafa y en ese caso corresponde someterlo a decisión de los Legisladores de ambas Cámaras.

Es que, además del papelón internacional que implica (piénsese en la imagen exterior del país), incluso más allá de la estafa en sí, es de una gravedad inusitada que el Presidente aliente una determinada inversión privada cuya única valoración en el mercado se produjo precisamente por ser alentada por el Presidente.

Es urgente determinar con claridad si ello no constituye un delito cometido en pleno ejercicio de sus funciones, tal como algunos legisladores nacionales lo han planteado en estas horas.

Lo ocurrido se trata de un hecho de extrema gravedad que descalifica, ética y profesionalmente, al primer mandatario de nuestro país. Es un acto no solo bochornoso por sus características, sino también por los resultados que provocó en el patrimonio de miles de personas que creyeron en la palabra del Presidente.

Dicha maniobra, se conoce en el mundo de las finanzas como “rug pull”, ya que implica que cuando hubo suficientes inversores que aportaron dinero comprando la criptomoneda ofertada, los fundadores “tiraron de la alfombra”, dejando a todos en el piso y la cripto tuvo entonces una abrupta caída en su cotización.

De acuerdo a algunas consultoras especializadas, se estima que el equipo que armó este negocio se habría desembolsado alrededor de 100 millones de dólares por estas operaciones. Existen antecedentes, previos a su llegada a la Presidencia, de haber apoyado públicamente un emprendimiento sospechado de ser un “esquema Ponzi” (estafa piramidal), lo que muestra una inclinación irresponsable y ligera -con más razón al tratarse de un supuesto experto en economía- hacia lo que se conoce como “timba financiera”, adaptada hoy al mundo de la virtualidad tecnológica.

Está claro que sin las publicaciones del Presidente Milei la estafa nunca podría haber ocurrido, ya que todos desconocían su oferta y nadie iba a invertir en ella. Por eso, las publicaciones del mandatario son parte necesaria del engranaje piramidal.

La Argentina con niveles inéditos de pobreza, de trabajo en negro y de exclusión, no necesita especulación ni timba virtual. Necesitamos producción y trabajo, necesitamos salud y educación pública, necesitamos transparencia en el manejo de la cosa pública y no un jefe de Estado que actúe como cómplice de una maniobra de estafa a inversores incautos.

Debemos tomar esto como una señal de alerta, ya que este tipo de negocios espurios lejos están de ser una válida herramienta de mercado que pueden llevar a cabo los “hombres y mujeres de bien”, de los cuales tanto habla el Presidente Milei.

Desde mi lugar, preocupado por la cantidad de señales negativas que emite el Gobierno que conduce Javier Milei, espero que esta, una nueva y contundente demostración de que el rumbo elegido es perjudicial para la producción industrial y rural, para el trabajo y la armonía social, sea percibida como tal por quienes tienen la responsabilidad principal en la defensa de los intereses de la comunidad entrerriana, y así dejen de acompañarlo obsecuente y acríticamente en cada uno de los retrocesos que tanto daño están causando en el tejido social de la Argentina.

(*) Senador Provincial por el departamento Uruguay (Más para Entre Ríos)