El proyecto de presupuesto que presentó Javier Milei el domingo pasado, y que ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, cobija un gran enigma. Al calcular los recursos del Estado, promete un incremento de 100% en la recaudación de derechos de exportación. Es decir, retenciones.

La publicación de esa proyección encendió una alarma muy comprensible entre los exportadores. Sobre todo en el sector agropecuario. Como en otras oportunidades, el equipo económico debió divulgar una aclaración: ese salto impresionante se debe a que, seducido por el “dólar soja” que ofrecía el gobierno de Alberto Fernández, muchos productores adelantaron sus ventas. Por lo tanto, las exportaciones de 2024 fueron muy bajas.

Eso explica por qué cabe esperar un incremento tan voluminoso en 2025. La explicación siguió sin convencer a muchos profesionales de la Economía. Hicieron los cálculos y no encontraron la forma de justificar semejante aumento. En la ecuación más generosa, calculando una mejora llamativa en el precio de las commodities, se podría imaginar que esos ingresos de 2025 suban un 50% respecto de los de este año.

El desafío de despejar ese misterio induce en estas horas varias especulaciones. La más obvia es que habría un incremento de las retenciones. Nada que deba sorprender. El Gobierno intentó llevarlo a cabo apenas llegó al poder y fue necesaria una gestión muy intensa del sector agropecuario para hacerlo desistir. Pormenores que la conducción de la Sociedad Rural le recordó a Luis “Toto” Caputo en una tensa entrevista de comienzos de julio.

Es muy razonable suponer que el oficialismo no puede aplastar a los productores del campo con un golpe impositivo, sobre todo en un año electoral. Por eso la resolución del acertijo incorporaba ayer otra variable. Uno de esos expertos la explicaba ayer de este modo: “Un aumento de las retenciones que permita duplicar la recaudación sólo podría ser viable si va de la mano de la creación de un nuevo dólar para los exportadores; en ese caso sí se podría imaginar ese salto en los ingresos”.

El argumento fiscal parece más verosímil porque asume el problema cambiario. Una de las inquietudes que despierta la política económica es la escasez de reservas del Banco Central. Fernando Marull observó que esa institución sumó en septiembre 6696 millones de dólares de reservas netas, cuando el Fondo Monetario Internacional esperaba que las aumentara en 8700 millones de dólares. Por eso la conjetura de un nuevo “dólar soja”, asociado a una alícuota mayor de retenciones, aliviaría dos frentes complicados del Gobierno.

Por un lado, sostienen los expertos, haría más holgada la situación del fisco, que está amenazada por dos factores: la eliminación del impuesto PAIS, que llegará a fin de año, y el incremento de un nivel de deuda en pesos sólo disimulado porque los bonos en los que está cifrado son “cupón cero” y, por lo tanto, no contabilizan los intereses como un pasivo.

Por otro lado, esa nueva ecuación de cotización del dólar y retenciones, sería un incentivo a la liquidación de divisas, que se ve afectada por la revaluación del peso derivada del interés del Gobierno por reducir la brecha cambiaria haciendo bajar el precio del contado con liquidación.

Gracias a esa caída, el precio del dólar libre se iría pareciendo cada vez más al del oficial, lo que podría tentar a los funcionarios con eliminar el “blend”. Es decir, forzaría a que la totalidad de las divisas se liquiden en el mercado regulado, fortaleciendo las reservas del Central.

La fragilidad del Banco Central obliga a los analistas a plantearse otro problema: al eliminar a fin de año el impuesto PAIS, el Gobierno estará abaratando el “dólar tarjeta”. Por lo tanto, la presión sobre las reservas monetarias irá en aumento.

No es el único factor que opera en ese frente. Si la reactivación que pronostica Luis Caputo se verifica, también habrá una mayor salida de dólares. Estas preocupaciones llevan a esos economistas a suponer que para el año próximo las autoridades definirán un nuevo precio para el “dólar tarjeta”.

Estas construcciones imaginarias no se sostienen en certezas. Se basan en los grandes interrogantes que plantea el “massismo austríaco”. En el Palacio de Hacienda las descartan por completo. Insisten, con cierto fastidio, en que los ingresos por derechos de exportación se incrementarán en 100% por tres razones.

Una, la que ya se mencionó: el punto de partida es muy bajo, debido a las exportaciones que se adelantaron en 2023 para aprovechar el dólar soja.

Además, también se pagaron retenciones anticipadas, por el temor a un incremento que pudiera resolverse a fin de aquel año, después de los comicios.

Una tercera explicación es que hubo una corrección derivada de la sequía. Síntesis: para las autoridades económicas el presupuesto no esconde ningún misterio.

Esa obstinación refuerza las dudas de quienes suponen ese misterio. La otra gran incógnita del cálculo de recursos y gastos presentada por Milei el domingo pasado se refiere a la clave de bóveda económica y política del oficialismo: la caída de la inflación.

Para que la aritmética de Luis Caputo sea verosímil, la carrera de los precios debería reducirse a 1,2% mensual hasta fin de año y quedar en un entorno del 1,4% para los primeros meses del año próximo. Es un objetivo bastante fantasioso. La inflación de agosto fue superior a la esperada: 4,2%. Los especialistas temen que será muy difícil perforar demasiado ese nivel.

Sobre todo porque el Gobierno apuesta a una reactivación económica impulsada por un aumento de los salarios en dólares que estimulará el consumo. Nadin Argañaraz ya hizo notar hace un mes que esa variable salarial se va recuperando desde la caída brutal que produjo la devaluación de diciembre del año pasado.

Para diciembre de este año, sugiere Argañaraz, los salarios en dólares ya ingresarían en una “región Massa”. Este comportamiento empujará hacia arriba el precio de los servicios, que están muy condicionados por el costo salarial. Es el dilema endiablado de un Gobierno que, si quiere salir de la brutal recesión, deberá admitir algo de inflación. Estas motivaciones no opacan otro motor de los precios: la emisión monetaria a la que obliga la compra de dólares, más allá de las promesas oficiales de bloquear la “maquinita”.

Cuando se piensan las dificultades de la lucha contra la inflación reaparece la cuestión cambiaria. Al no existir un horizonte claro en este campo, las expectativas siguen atadas a la posibilidad de un salto no querido en la cotización del dólar. Hay que corregir: en realidad, sí hay un horizonte claro y es que el Gobierno pretende atravesar las grandes aguas electorales de 2025 con el dólar intervenido.

Es la gran paradoja del anarcocapitalismo: odia que el Estado intervenga en la economía, pero tiene el principal precio de la economía regulado por el Estado. Existe un consenso bastante extendido de que esta determinación aleja la posibilidad de diseñar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional.

La premisa de esta suposición es que el Fondo pedirá, en algún momento de esa discusión, la flotación cambiaria libre. “Como en Perú o en Uruguay” consignó hace unos meses ese organismo multilateral en un informe congeniado con el equipo de Caputo. Es muy probable que esos criterios no se modifiquen con la exclusión de Rodrigo Valdés de la negociación. Entre otras razones, porque el exministro de Michelle Bachelet sigue siendo el jefe de Luis Cubeddu, que quedó como responsable del caso argentino. Esta evidencia lleva a una pregunta: al pedir y conseguir la salida de Valdés, y ahora tener que discutir con un subordinado suyo, ¿el Gobierno ganó o salió perdiendo? Todavía queda el recurso de aprovechar la relación del flamante viceministro José Luis Daza con su compatriota Valdés para atenuar ese inconveniente. Las dudas económicas que plantea el presupuesto están acompañadas por un interrogante político: ¿Milei quiere que el Congreso apruebe el proyecto que envió? La respuesta es ambivalente.

Si se desplegara desde la Casa Rosada una negociación paciente y trabajosa con actores muy variados de la política, el Presidente podría exhibir que tiene un plan fiscal aprobado por el Congreso. ¿Será su prioridad? El Gobierno vuelve a quedar expuesto a una de sus paradojas estructurales. Necesita exhibir gobernabilidad, pero no puede resignar su enfrentamiento retórico con la proveedora de esa gobernabilidad: la “casta” pestilente.

Por otra parte, para conseguir que el presupuesto se convierta en ley debería hacer infinidad de concesiones, como ocurrió cuando la Ley Bases fue jibarizada. Son razones poderosas para explicar por qué Milei puede inclinarse por la intransigencia, admitiendo, ¿o provocando?, que el Congreso rechace su propuesta.

Ese desenlace posible lo pondría en la situación de tener que seguir administrando un presupuesto prorrogado. Pero le daría la ventaja de exhibirse como un presidente virtuoso que enfrenta a una legión de “degenerados fiscales”.

Se trata de una contradicción beneficiosa porque a Milei le juega a favor el clima de la época, que él contribuyó como nadie a establecer. En una parte muy amplia del electorado parece haber una valorización del ordenamiento económico, sobre todo fiscal. Y este fenómeno induce a un sector de la dirigencia política a apostar a la cercanía con el Gobierno. Esto es lo que pasó con los cinco diputados radicales que apoyaron el veto presidencial.

La conducción de la UCR, encabezada por Martín Lousteau y Gastón Manes, resolvieron desafiliarlos de esa fuerza. Una decisión controvertida. Entre otras cosas, porque se aparta de una tradición de flexible tolerancia: ¿o alguien expulsó a Ricardo Alfonsín por aceptar la embajada en España del gobierno kirchnerista? ¿Cecilia Moreau fue echada del partido por sumarse a Sergio Massa o apenas le pidieron que renuncie sin escándalo? A Leopoldo Moreau sí lo echaron. Pero esperaron al año 2015. Una parsimonia que envidiaría hasta el mismísimo Ariel Lijo, el remolón.

Es verdad que, en el caso de Lousteau, existe un placer en sancionar. Lo sabe bien Facundo Manes, que debió soportar su reprimenda cuando era vicepresidente del partido: fue cuando Gerardo Morales y Lousteau zamarrearon al neurólogo por haber criticado el espionaje clandestino que llevaron adelante Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la AFI de Mauricio Macri. La sanción a cuatro de esos cinco diputados [el quinto no estaba afiliado] disimula, con su carácter ordenancista, que dentro de la UCR asoma una corriente, cada vez más expresiva, de adhesiones a Milei.

El que la encabeza es el tucumano Mariano Campero, que concurrió al asado ofrecido y cobrado por el Presidente. Una comida para rescatar a 87 héroes de una ciénaga de “ratas”. Campero fue solo a esa celebración debido a que los otros cuatro disidentes fueron convencidos por Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque, de no participar.

De Loredo, igual que Alfredo Cornejo, su gravitante aliado, están disgustados por el empeño del Gobierno de quebrar el bloque radical. El motivo del enojo es sutil: ese ataque a la unidad radical dificulta el acercamiento que ellos pretenden realizar hacia la Casa Rosada. Cornejo y Loredo expresan a una franja de la dirigencia radical que está convencida de que los simpatizantes del partido son también simpatizantes de Milei. Esta afinidad tiene manifestaciones en todo el arco político. Y produce, en el extremo, una novedad muy interesante.

Cristina Kirchner, a quien jamás se la podría imaginar en componendas con La Libertad Avanza, publicó un documento reclamando al peronismo, al peronismo que ella todavía lidera, que respete el equilibrio fiscal, que actualice su concepción de las relaciones laborales, que diseñe una nueva política de seguridad, y que advierta que detrás de cada necesidad hay un derecho, pero que también detrás de cada derecho hay una obligación. La expresidenta pretende, con esas innovaciones, sintonizar con una agenda general. Por supuesto, también emite un mensaje interno.

En el entorno de Axel Kicillof creen que la señora de Kirchner está boicoteando su campaña, organizando actos cuando él está por realizar alguna presentación. Dicen que, cuando ella se enteró de esos resquemores, quedó indignada. Una amiga le escuchó decir: “Si alguien no tiene derecho a pensar que obstaculizo su carrera, ese es Axel. Y mucho menos para favorecer a mi hijo. Hoy el gobernador es él, no es Máximo. Y antes lo hice ministro. Espero que no piense esas tonterías, que sean sólo ideas afiebradas de algún obsecuente”.

Es posible que Kicillof y su entorno no adviertan que el verdadero daño que les preparó Cristina Kirchner no tiene que ver con la superposición de las actividades de campaña. La jugada contra ellos ha sido otra: proponer un programa para la renovación. Equilibrio fiscal, seguridad, régimen del trabajo, criterios para la acción social: esas banderas podrían articular la plataforma de cualquier dirigente peronista que soñara con desafiar el liderazgo de la expresidenta. Una vez más, ella se les adelantó.

(*) Periodista e historiador argentino, Columnista político del diario La Nación.