En un proceso insólito de una barbaridad jurídica, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, hicieron toda una puesta en escena con falta de pruebas, con testigos de la propia fiscalía que desmintieron sus propias acusaciones, y con el uso de otros expedientes que nunca fueron debatidos en las audiencias. En definitiva, de lo único que hay una prueba concreta es de la persecución contra CFK.

Todas las obras abarcadas en lo que se conoce como Causa Vialidad, fueron votadas por el Congreso Nacional en las leyes de Presupuesto, y fueron licitadas, adjudicadas y controladas por la provincia de Santa Cruz. Obras que fueron auditadas por el macrismo y donde no hallaron una sola irregularidad. Buscaron la ruta del dinero K y solo encontraron la ruta del negocio macrista, que además paralizó todas las obras.

Durante este mamarracho de lawfare, los empresarios que dieron su testimonio, entre ellos Calcaterra, el primo de Macri, desmintieron toda anomalía y confirmaron que en distintos distritos, como Jujuy y Misiones, generalmente son empresas locales, por infraestructura, quienes ganan las licitaciones.

No hay fotos de Cristina recibiendo jueces y fiscales, ni compartiendo deportes con magistrados que investigan a sus adversarios políticos, ni la titularidad en cuentas offshore. No es novedoso. Lo de hoy es la continuidad del odio que impulsó el bombardeo a la Plaza de Mayo asesinando inocentes, la proscripción por 18 años al peronismo, la intervención al Congreso y los sindicatos, la desaparición de generaciones, y el festejo enfermedades. Tampoco es original, porque los ejemplos de Lula en Brasil, Evo en Bolivia y Correa en Ecuador, demostraron que es una estrategia contra gobiernos populares que garantizaron derechos, defendieron la soberanía y continúan siendo la principal espada contra la entrega del país y el beneficio de unos pocos, los mismos de siempre.

Al partido feudal judicial, blindado por los medios, la oposición y el poder fáctico los va a condenar su propia historia.

(*) Diputada Nacional