En un punto claramente, la Casa Rosada ya está ajustándoles las cuentas a las provincias. Se trata de dos partidas con aristas muy sensibles donde el macrismo y los gobernadores, peronistas y no peronistas, son parte de un juego de presiones y contrapresiones que empieza a calentarse.
Es plata y, desde luego, plata grande. Ancla en las transferencias no automáticas que el poder central maneja por fuera de la coparticipación y que, por eso mismo, se las llama transferencias discrecionales. Tiempo atrás, fueron un instrumento central del poderoso sistema de premios y castigos que montó el kirchnerismo.
Basta con observar un informe reciente de Asap, una organización dedicada al análisis de los números fiscales, para advertir que los recursos que van desde la Nación a las provincias suben mucho menos que la inflación. O caen directamente, pese al avance de la inflación. Ajuste a dos bandas.
Los datos que siguen corresponden a los primeros cinco meses y están comparados con los del mismo período del año pasado.
Uno de ellos, si se quiere el más moderado de los dos, muestra que las transferencias para cubrir obligaciones asociadas al funcionamiento de las administraciones han crecido 7,9%. Y como entonces la inflación cantaba 26,3%% anual, el conjunto provincial perdió ahí poco más de 18 puntos porcentuales. Dentro de este paquete figuran, entre otros, fondos destinados a educación, salud, a jubilaciones, salarios y a pagos a proveedores. Pero el recorte más fuerte salta en los recursos que financian obras públicas. Esta vez, las cifras anotan una caída directa nada menos que del 33% que, contrastada con la inflación, significa un agujero que bordea los 60 puntos porcentuales. Todas las provincias deberán hacerse cargo de gastos que antes compartían con el gobierno nacional, pero no todas perderán por igual. Eso depende justamente de cuánto representen esas partidas en sus ingresos totales; si se quiere, de cuánto deberán cubrir con recursos propios o, en el peor de los supuestos, dónde tendrán que ajustar. Otra manera de analizar el cuadro consiste en agregarle la inflación a las partidas del año pasado, o sea, mantenerlas en valores reales. El resultado del ejercicio dice que durante esos cinco meses las provincias hubiesen recibido $ 22.460 millones más de lo que recibieron o, visto del revés, que esa plata fue la que se ahorró el Fisco nacional.
La cuestión está justamente allí, en que apretar las cuentas fiscales del interior resulta una pieza clave del acuerdo con el Fondo Monetario. Y más aún, que hasta 2022 y medida en relación al PBI, la partida para gastos corrientes se reducirá un 76,6% y un 95% la que financia obras públicas; una se achicará considerablemente y la otra desaparecerá.
Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela que, puestas así las cosas, las jurisdicciones más comprometidas son La Rioja y Jujuy, que bancan arriba del 20% de sus gastos con fondos que les vienen desde la Nación. San Luis y la Ciudad Autónoma, con menos del 5%, y Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que no llegan al 7%, están en el polo opuesto.
Sólo la premura del macrismo por mostrar que cumplirá el pacto con el FMI contra vientos y mareas, o quizás las dudas de que pueda cumplirlo, explican parte del ritmo que ha tomado el debate con los gobernadores peronistas cuando todavía faltan cerca de 70 días para que el Presupuesto viaje a Diputados.
Algo parecido podría decirse sobre que en la misma bolsa hayan entrado la posibilidad de suspender la rebaja de Ingresos Brutos; la pelea por el Fondo de Incentivo Docente y por el déficit de las cajas previsionales que no fueron transferidas a la Nación y hasta la alternativa de que el Gobierno postergue la devolución de recursos impositivos prometidos a las provincias.
Y como plata siempre equivale a política, en este juego también se juegan aspiraciones y posicionamientos políticos. De gobernadores e intendentes, oficialistas y opositores, y a veces de colores diferentes mezclados en el mismo bando.
Dice un legislador del PJ: “Pensemos que acá 70 días son lo más parecido al largo plazo. Que hace 70 días no existía el acuerdo con el FMI, que el dólar estaba a 21 pesos y que tasas del 65% eran impensables”.
El punto es que 70 días no es todo. Después de ingresado a Diputados, el Presupuesto pasará por varias comisiones y tal como salga de la Cámara baja irá al Senado para seguir trámites parecidos. Y si finalmente hay fumata, será ley recién en diciembre.
Harto conocido, el batifondo político cruza al oficialismo y roza al propio Presidente. El batifondo político y el revuelo fiscal, convendría añadir.
Explica alguien que conoce los rigores que dominan el entorno de Nicolás Dujovne: “El gasto público está cuotificado. Después de llegada la autorización y una vez que se han pasado todos los filtros sale la orden de pago. Y nada de acumular deuda flotante, porque eso puede violar una pauta con el FMI”.
Cumplir los compromisos y las metas sin generar incertidumbre es la regla de hierro que ha impuesto Mauricio Macri. Y aunque algunos discutan por una cuota mayor, los ministros no tienen escapatoria.
(*) Periodista. Artículo publicado en el diario Clarín.
