La inversión millonaria en inversión en inteligencia artificial en la Patagonia y el nacimiento del proyecto Stargate Argentina se han presentado públicamente como un hito histórico. Pero en un contexto electoral y geopolítico tan cargado, la pregunta no es solo qué se promete construir, sino para quién, con qué fines y bajo qué reglas.
Con épica y emoción se anunció en forma conjunta entre el coloso tecnológico mundial OpenAI, creador del ChatGPT, la empresa Sur Energy y el Gobierno argentino la construcción de un mega datacenter de inteligencia artificial en la Patagonia. El comunicado incluyó un video de Sam Altman, el CEO de OpenAI, una de las figuras globales más influyentes en IA, en el que habla de una alianza visionaria para situar al país en la frontera del futuro digital.
Sin embargo, más allá del entusiasmo discursivo, el episodio exige una lectura crítica que considere el contexto político, geopolítico y corporativo en el que se inscribe, porque lo que se presenta como innovación puede, en ciertos escenarios, convertirse también en una herramienta de propaganda.
Javier Milei se reunió hoy en Casa Rosada con directivos de OpenAI 10102025" src="https://fotos.perfil.com//2025/10/10/900/0/el-presidente-javier-milei-se-reunio-hoy-en-casa-rosada-con-directivos-de-openai-10102025-2116312.jpg?webp" loading="lazy"/>Anuncio multimillonario en plena campaña electoral
La difusión pública de este proyecto y el aval de Altman al presidente argentino llegan a pocas semanas de las elecciones nacionales, frente a las cuales el gobierno transita entre penurias y traspiés. Ese calendario transforma lo que podría haber sido una noticia de desarrollo productivo en un gesto de legitimación política: la imagen de “innovación compartida” actúa como un aval simbólico capaz de condicionar percepciones públicas más allá de los hechos concretos.
No puede obviarse que estos gestos simbólicos, aun cuando no constituyan técnicamente una intervención electoral, producen efectos políticos reales: otorgan capital reputacional, sobre todo cuando emanan de actores admirados a escala global.
Surgen además dudas sobre el socio Sur Energy, al que Altman califica como una de las principales empresas energéticas del país, un dato que merece análisis detenido. Según trascendió, mientras OpenAI se comprometería a comprar la producción del datacenter —lo que no equivale a un aporte de capital directo—, Sur Energy sería la responsable de conseguir la empresa constructora de la obra de base y de conformar el pool de financistas para el proyecto, tareas que constituyen, precisamente, los capítulos más complejos de cualquier infraestructura de este tipo.
Sin minimizar la iniciativa emprendedora, Sur Energy es una compañía de escasa notoriedad y sin credenciales visibles en infraestructura tecnológica del tamaño anunciado, que de pronto asume las riendas de un proyecto descomunal. Que una firma de perfil tan bajo se convierta de golpe en socio estratégico de una inversión de hasta 25.000 millones de dólares plantea interrogantes legítimos sobre la estructura de la asociación, que por transparencia deberían aclararse sin demora.
El trasfondo geopolítico: del swap con Estados Unidos a la “expulsión de China”
El anuncio no puede entenderse sin tomar en cuenta el reciente swap financiero por unos 20.000 millones de dólares otorgado por Washington, que, según palabras del propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent, estaría condicionado al “compromiso de Milei de sacar a China de la Argentina”.
Desde ese ángulo, la inversión tecnológica puede interpretarse como parte de un reacomodamiento geopolítico instrumental en el que la ubicación de la infraestructura digital funciona como herramienta de alineamiento internacional, más que como un puro factor de inclusión.
Un dilema ético para OpenAI
OpenAI se define globalmente como una organización comprometida con desarrollar inteligencia artificial “para beneficio de la humanidad”. Esa misión, noble en su formulación, exige madurez y prudencia: el impulso por innovar no puede servir de excusa para alianzas que, aun sin intención explícita, terminen contribuyendo a blanquear liderazgos polarizantes o inestables en contextos políticos frágiles y de baja seguridad jurídica. Invertir no es neutral. Elogiar públicamente tampoco.
Inversiones en tecnología sí, pero con responsabilidad institucional
El desarrollo tecnológico es deseable cuando se apoya en procesos transparentes, marcos regulatorios sólidos y participación plural. En cambio, cuando se sustenta principalmente en relaciones personales, tiempos electorales y relatos emotivos, surge una pregunta inevitable: ¿es esto construcción de futuro o marketing político bajo el disfraz de innovación?
La Argentina necesita inversores externos, y más en tecnología; eso no está en discusión. Lo que debe debatirse es cómo se construyen esas alianzas: con transparencia o con opacidad, a través de instituciones o de atajos personales, con visión de país o con urgencia electoral.
La verdadera innovación no se mide solo en megavatios o servidores: también se evalúa por la calidad institucional y el respeto democrático. Y esa vara, incluso en tiempos de inteligencia artificial, no debe bajarse nunca.
*Irma Argüello, especialista en seguridad internacional y gobernanza ética de IA.
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