La ONU ha informado al Gobierno argentino sobre posibles violaciones a los estándares internacionales debido al régimen disciplinario de fiscales en Santa Fe. Esta advertencia llega en un momento clave, en medio de la Reforma Constitucional, y exige cambios urgentes para asegurar la independencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, envió una comunicación formal al Gobierno argentino señalando que el actual sistema de designación y destitución de fiscales en Santa Fe no cumple con los estándares de derechos humanos establecidos a nivel internacional.
Según la ONU, el régimen vigente, establecido por la Ley 13.807, permite que la Legislatura provincial investigue, acuse y sancione a fiscales sin control judicial, lo que abre la puerta a presiones políticas y compromete el derecho al debido proceso.
El documento señala que, en 2018, la política se adueñó del régimen disciplinario al aprobar, sin debate previo, una modificación impulsada por el senador Armando Traferri, en el contexto de investigaciones sobre subsidios irregulares en el Senado provincial.
Además, la ONU ha refutado ciertos aspectos:
Se objeta el uso del juicio político como herramienta para destituir fiscales, un mecanismo que suele reservarse para otras figuras institucionales.
Se critica la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para nombrar fiscales y subrogantes sin un orden de mérito ni criterios objetivos, lo que los expone a decisiones políticas.
Se destaca la vigencia de la resolución interna 803/2018, basada en una ley derogada y sin publicación oficial, que carece de validez legal y perjudica el derecho a la defensa.
Este pronunciamiento coincide con el debate sobre la Reforma Constitucional en Santa Fe, que la ONU considera una oportunidad histórica para garantizar un Ministerio Público independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, como estipula la Constitución Nacional.
La relatora advirtió que “la falta de independencia funcional mina la confianza en la justicia y abre la puerta a la impunidad”, según información de Uno Santa Fe.
Finalmente, la ONU instó al Gobierno nacional a trasladar estas recomendaciones a las autoridades provinciales, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado argentino.
