La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) calificó este miércoles la excarcelación de Martha Grajales, activista de derechos humanos del colectivo SurGentes, como “grilletes invisibles”, al señalar que se trata de una “medida cautelar” que “mantiene intacto el proceso judicial arbitrario en su contra”.
“Mientras no se retiren los cargos y no se garanticen plenamente sus derechos, Martha Lía Grajales seguirá siendo una presa de un sistema que utiliza las medidas cautelares como grilletes invisibles para advertir a quienes se atreven a exigir justicia en Venezuela”, afirmó el OVP en su cuenta de X.
La organización añadió que la defensora “continúa bajo vigilancia, con prohibiciones que vulneran su libertad de expresión, limitan su circulación y le impiden ejercer el derecho a manifestar pacíficamente”.
El OVP subrayó que Grajales enfrenta “cargos infundados” por supuestos delitos de incitación al odio, conspiración con un gobierno extranjero y asociación, y que fue imputada “sin acceso a un abogado de confianza y sometida a un proceso lleno de irregularidades”.
Asimismo, destacó que su caso “es un ejemplo doloroso de cómo se criminaliza la protesta y se castiga a quienes acompañan a las víctimas”, recordando que su detención se produjo tras participar en una manifestación frente a la sede de la ONU en Caracas. La protesta fue convocada para rechazar las agresiones sufridas por integrantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, un colectivo que exige la liberación de familiares presos en el contexto de la crisis posterior a las elecciones presidenciales de 2024.
Ese mismo día, la ONG Provea, que apoyó el caso, celebró la liberación de Grajales y exigió la excarcelación de todos los presos políticos, cuya cifra asciende a 807 según el Foro Penal. El régimen sostiene que no hay personas detenidas por razones políticas y que todos han cometido delitos comunes, una postura respaldada por la Fiscalía y rechazada por organizaciones de derechos humanos.
Para Provea, “la mayoría” de quienes siguen encarcelados por motivos políticos “han sido víctimas del mismo patrón de abusos que sufrió Grajales: detención arbitraria, desaparición forzada, violaciones al debido proceso e incomunicación y/o aislamiento prolongado”.
La excarcelación de Martha Grajales, lejos de representar una restitución plena de sus derechos, expone —según las organizaciones que apoyan su caso— un patrón sistemático de represión en Venezuela, donde las medidas cautelares se convierten en herramientas para mantener el control sobre quienes denuncian abusos y defienden a las víctimas, perpetuando un clima de vigilancia y restricción de las libertades fundamentales.
(Con información de EFE)
