“El Ministerio de la Mujer sirve para concentrar poder bajo una sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier mujer de Argentina puede acudir y saber que hay un pedazo de poder que va a jugar a su favor, de la manera que sea, para solucionar su problema. Eso fue lo contrario a lo que pasó”, explicó Ofelia Fernández en su columna “Las sospechas de Ofelia” en la plataforma de streaming Gelatina, difundido en redes por el usuario “Negro censurado”.
La ex legisladora porteña arremetió contra la gestión presidencial de Alberto Fernández, enfocándose especialmente en el cuestionado Ministerio de la Mujer, creado durante el gobierno kirchnerista. “Recibía constantemente mujeres que iban al Ministerio con casos concretos. El ministerio no tenía una jurisdicción específica, y la respuesta era: ‘no tengo jurisdicción específica. Me ocupo de resolver políticas públicas, no de atender esos temas, debes ir a la oficina destinada para eso’. ¿Qué pasaba con esa oficina? Era ineficaz,” concluyó la dirigente del Frente Patria Grande.
En su segmento de opinión, Ofelia Fernández ejemplificó cómo tuvo que involucrarse personalmente en situaciones de vulnerabilidad de mujeres debido a la incapacidad de la cartera ejecutiva. Esta crítica fue señalada por varios líderes de distintos frentes opositores en ese momento hacia el organismo gubernamental. Uno de los críticos más severos del ministerio fue Javier Milei, quien anunció su cierre definitivo en plena campaña presidencial.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue establecido al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, con el objetivo de fortalecer políticas públicas enfocadas en la igualdad de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de derechos para colectivos históricamente marginados. La cartera fue concebida como una señal política de compromiso hacia la agenda feminista que había cobrado gran fuerza en las calles argentinas, a raíz de las movilizaciones de Ni Una Menos y la lucha por la legalización del aborto.
Durante la gestión peronista estuvo a cargo Elizabeth Gómez Alcorta, abogada vinculada a la defensa de los derechos humanos, quien ocupó el cargo hasta octubre de 2022, cuando renunció en medio de tensiones internas relacionadas con el desalojo de comunidades mapuches en Villa Mascardi. Tras su salida, el ministerio pasó a manos de Ayelén Mazzina, dirigente puntana del peronismo provincial, quien dirigió el organismo hasta el final del mandato en diciembre de 2023.
Desde sus inicios, la cartera fue objeto de críticas, tanto de la oposición como de sectores sociales que denunciaban la falta de resultados concretos frente al aumento de los femicidios, así como las demoras en la asistencia económica y habitacional para mujeres en situación de violencia. Además, se criticó el gasto presupuestario destinado a la estructura burocrática frente a la dificultad de brindar respuestas rápidas y eficaces en los territorios.
Sin embargo, la controversia más resonante que involucró al ministerio se produjo una vez finalizado el periodo kirchnerista y cerrado el organismo por la nueva administración libertaria. La polémica surgió tras versiones sobre un episodio de violencia de género en la residencia de Olivos, cuando se reveló que Fabiola Yañez había denunciado maltratos por parte de Alberto Fernández en un contexto de crisis matrimonial. Aunque nunca hubo una presentación formal ni declaraciones públicas de la entonces Primera Dama, Mazzina fue señalada por no tomar cartas en el asunto al enterarse, a través de la confesión de la presunta víctima, de que el mandatario había ejercido violencia física y psicológica. En diversas entrevistas, la exfuncionaria ha negado haber estado al tanto de la situación en ese momento.
La contradicción que representaba que un organismo creado para combatir la violencia de género mantuviera silencio ante rumores de un caso que involucraba directamente al presidente expuso los límites políticos y la fragilidad institucional de la cartera, que navegó el resto de la gestión en medio de críticas, recortes presupuestarios y una creciente desconexión conlas urgencias de los reclamos sociales.
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