Impulsada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la mediación prejudicial obligatoria se consolida como una herramienta clave para la resolución pacífica de conflictos, instaurando un nuevo modelo de justicia en Entre Ríos. Se describió como “un modelo de justicia que escucha, cuida y transforma”.
El Poder Judicial de Entre Ríos está experimentando una transformación profunda en la manera de abordar los conflictos. En este contexto, la directora del Centro de Medios Alternativos de Resoluciones de Conflictos de Paraná, Ana Bracco, señaló que “desde que el Superior Tribunal de Justicia promovió la implementación de la mediación prejudicial obligatoria, en virtud de la Ley 9.776, miles de personas en la provincia han podido acceder a un medio eficaz, rápido y pacífico para resolver sus controversias sin necesidad de iniciar un juicio”.
En el último año y medio (2024/mayo 2025), se gestionaron más de 16.000 mediaciones en toda la provincia. Según datos del área de estadística, más del 80% de estos casos no llegaron a instancias judiciales, lo que refleja una reducción considerable en la litigiosidad y una mejora significativa en la respuesta del sistema judicial.
Esta política pública judicial, respaldada de manera contundente por el Superior Tribunal de Justicia, representa un cambio paradigmático en el acceso a la justicia. Se trata de un modelo más cercano, humano y eficiente, que se centra en la comunicación, la escucha activa y la búsqueda de soluciones consensuadas.
Bracco enfatizó: “No son números fríos: son familias que lograron una salida, comercios que reparan vínculos y vecinos que vuelven a comunicarse. Detrás de cada acta hay un equipo de mediadoras y mediadores capacitados, cuyo trabajo silencioso hoy recibe el reconocimiento institucional merecido, bajo la dirección y monitoreo del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del STJ”.
Este proceso implica una transformación profunda y sostenida. Por un lado, redefine la cultura jurídica al establecer la comunicación, la escucha activa y la responsabilidad compartida como herramientas de solución. Por otro, se sustenta en reglas claras, capacitación continua, gestión de calidad y trazabilidad, bajo la dirección del Poder Judicial.
Los resultados son claros: hay un fortalecimiento del servicio de justicia. Menos litigios innecesarios permiten optimizar el tiempo jurisdiccional para los casos que realmente requieren sentencia, ofreciendo mayor previsibilidad a la ciudadanía y un uso más eficiente de los recursos públicos. La mediación no compite con la magistratura; la potencia. Es una política judicial que protege a las personas y al sistema, desjudicializando lo que puede resolverse mediante acuerdos y judicializando lo que necesita una decisión.
En el período de enero de 2024 a mayo de 2025, se gestionaron un total de 16.191 mediaciones prejudiciales obligatorias en Entre Ríos. De dicha cifra, solo el 17,7% culminó en juicio, lo que indica que más del 82% de los conflictos se resolvieron sin intervención jurisdiccional.
Hasta mayo de 2025, se identificaron 3.397 mediaciones que coincidieron con 62 causas en juzgados civiles y comerciales, y 314 en juzgados de familia, lo que totaliza 376 juicios iniciados tras mediaciones prejudiciales obligatorias. Por lo tanto, se puede estimar que aproximadamente el 11,07% de estas mediaciones condujeron a un proceso judicial.
Para el año 2024, se registraron 12.794 mediaciones, asociadas a 586 causas en juzgados civiles y comerciales, y 1.900 en juzgados de familia, totalizando 2.486 juicios originados a partir de mediaciones. Así, se estima que el 19,43% de las mediaciones de 2024 acabaron en un proceso judicial.
Bracco destacó que “este desempeño no es casualidad, sino el resultado de una política pública judicial activa, centrada en la accesibilidad, la calidad en la gestión y un seguimiento constante del servicio ofrecido. Es un sistema que complementa el proceso judicial, permitiendo que el Poder Judicial concentre sus recursos en los conflictos que realmente necesitan intervención”.
La disminución en la tasa de judicialización sugiere que los acuerdos alcanzados a través de la mediación son cada vez más estables y satisfactorios para las partes involucradas. Este fenómeno también refleja una mayor madurez en el uso del procedimiento y en la actuación profesional de quienes lo facilitan.
Los impactos institucionales son clave:
– Descongestión de los fueros civiles y de familia, lo que implica un ahorro de tiempo, recursos y desgaste emocional en cada juicio que no se inicia gracias a la mediación.
– Mejora en la percepción pública del Poder Judicial, al ofrecer respuestas rápidas, accesibles y respetuosas hacia las problemáticas de los ciudadanos.
– Fortalecimiento del rol del operador judicial, permitiendo que jueces y funcionarios se concentren en causas complejas sin distracciones por conflictos que podrían resolverse por consenso.
– Promoción activa de una cultura del acuerdo, impulsando valores como la responsabilidad, el diálogo y el respeto mutuo.
Finalmente, Bracco concluyó: “En lugar de replicar lógicas puramente adversariales, el Superior Tribunal apostó por un sistema judicial más humano, ágil y cercano, que permite resolver miles de casos sin necesidad de iniciar juicio. Gracias a esa visión estratégica, más del 80% de los conflictos que llegan a la mediación encuentran resolución antes de llegar a un juzgado”.
