La jefa del PAMI recordó que en otras investigaciones abiertas contra ex funcionarios de esa institución se trabaron embargos sobre los bienes de los acusados al momento de dictarse sus procesamientos, pero el dinero no volvió a las arcas de la obra social de los jubilados.
Sólo en un caso por fraude se logró recuperar un cheque y en otro embargar bonos en poder de imputados, pero -según Ocaña- la intención es impulsar una “fuerte política de recuperación´´ del dinero robado.
El último caso denunciado por Ocaña a través de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) del PAMI, a cargo de Carlos Stornelli, es el que involucra al ex subgerente de Insumos y médico personal de Barrionuevo, Enrique Libertini.
Libertini habría gestionado desde la obra social la formalización del contrato con Angiocor, una empresa proveedora de prótesis, que está denunciada por un presunto caso de cohecho en el que ya hay tres procesados que deberán enfrentar un juicio oral.
Ese caso se conoció en 2004 cuando el ex dirigente piquetero y actual secretario de Hábitat, Luis D`Elía presentó a la Justicia un video tomado con cámara oculta, en el cual se ve a dos personas -José Ferreira y Hugo Espaltro- pidiendo la continuidad del contrato con Angiocor, a cambio de una coima del 10 por ciento.
Ferreira, Espaltro y el titular de la firma, Luis Pisano, fueron procesados por “tráfico de influencias´´ por el juez Claudio Bonadío, quien dio legitimidad a la grabación y recibió el respaldo de la Cámara Federal.
Ocaña elogió el trabajo de Bonadío en el expediente, pero explicó que, tras los procesamientos, le pidió a Stornelli que investigara el contrato y otros datos que recopiló, lo cual permitió que en marzo se hiciera una nueva denuncia que involucra al médico de Barrionuevo y que tramita ante el juez Daniel Rafecas.
Es que en una parte del video se hace referencia a que “la parte política se llevaba el 20 por ciento´´ del monto mensual del contrato con el PAMI y la Justicia intentará determinar si Libertini está relacionado con ese hecho.
Algunos de los cuestionamiento son que Libertini, desde su cargo de subgerente de Insumos Médicos del PAMI, realizó una contratación directa, cuando el monto (4 millones de pesos mensuales) requería licitación y que no se detalló estructura de costos.
