El Gobierno está dispuesto a endurecer controles y auditorías sobre las obras sociales y las prepagas cueste lo que cueste. Ese es uno de los grandes desafíos que enfrenta la administración libertaria para 2026. Por ahora, la CGT no parece tenerlo en su radar; además de reclamar fondos, advierte que el sistema podría alcanzar un punto crítico si se aprueba la reforma laboral.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo encargado de monitorear las cuentas y movimientos de las obras sociales, depende de Mario Lugones (ministro de Salud) y, desde el 1° de julio pasado, está a cargo del médico egresado de la UBA Claudio Stivelman. En reemplazo de Gabriel Oriolo y con experiencia en la gestión de entidades del sistema de salud, el funcionario se propuso mantener y acelerar las líneas centrales de la gestión de Javier Milei respecto de estas organizaciones durante este año, tal como ocurre desde el 10 de diciembre de 2023.
Eso implica, en primer lugar, el inicio de nuevas auditorías orientadas a garantizar la sustentabilidad de las prestadoras de salud, sea cual sea su titularidad o tamaño. “Vamos a exigir orden, competencia y que las prestaciones para los afiliados se cumplan”, prometen en Balcarce 50.
Anticipan que la SSS exigirá reuniones y números claros. Ante dificultades financieras, se solicitará un plan de contingencia que será monitoreado por un Comité de Crisis. Si ese plan no se cumple de forma taxativa, se aplicará la faja de cierre, como ocurrió con 21 obras sociales al inicio de la temporada 2026.
Concretamente, y según consta en el Boletín Oficial el viernes, se dieron de baja, entre otras, el Centro Médico Mar del Plata y el Instituto Materno Infantil. La razón fue contundente: problemas financieros que bloquearon el funcionamiento normal y el incumplimiento de las instancias de emergencia.
De todos modos, fuentes del Poder Ejecutivo reconocen que el procedimiento no es sencillo y lleva mucho tiempo. En general, porque las autoridades de las obras sociales ocultan cifras y retacean la información solicitada por los órganos oficiales. Por eso se inicia un “barrido” de información para obtener los datos necesarios.
En ese marco, desde el espacio libertario admiten que organizaciones gestionadas por grandes gremios atraviesan una situación “desesperante”, con cuentas que no cierran y numerosos reclamos de afiliados y médicos.
Camioneros, por ejemplo, es una de las entidades sumergidas en inconvenientes. Según pudo saber PERFIL, incluso dirigentes de la mesa chica de la central le pidieron a Hugo Moyano —jefe del gremio— que ordene las cuentas para que el sindicato deje de ser noticia por sanatorios plagados de deudas. En el oficialismo lo tienen en el radar; empero, aseguran que actuarán conforme a la ley pese al resquemor que La Libertad Avanza siente hacia la familia Moyano.
Para ilustrar que no existe animosidad, los datos oficiales muestran que el envío de fondos por el Sistema Único de Reintegro (SUR) no se modificó para el sindicato. Esta estructura de subsidios fue creada por la resolución 1.200/2012 de la SSS para reconocer prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y tratamientos prolongados. Por este concepto, Camioneros recibió hasta fines de 2025 la suma de $ 231.436.956,72 millones, una cifra significativa aunque inferior a la de otros colectivos sindicales de la principal central obrera.
Si se observa detenidamente la recaudación por gremios, aparecen, lógicamente, los que concentran mayor cantidad de afiliados. Encabeza la nómina Osecac, la obra social del sindicato de Comercio de Armando Cavalieri, con $ 5.174.304.919,52 millones.
Le sigue UPCN, el gremio estatal cuyo titular es Andrés Rodríguez, con $ 3.021.660.899,07 millones.
El ranking continúa con la obra social del personal de la construcción, la Uocra de Gerardo Martínez, que obtuvo $ 1.309.737.455,25 millones; Sanidad, cuyo gremio tiene fuerte influencia del extriunviro cegetista Héctor Daer, con $ 1.170.731.451,56 millones; la de conductores de transporte de colectivos, la UTA del dialoguista Roberto Fernández, que recibió $ 714.152.393,56 millones; Uatre, con $ 526.982.297,83 millones; la Uthgra de Luis Barrionuevo, con $ 560.371.916,31; y cierra la UOM del combativo Abel Furlán con $ 274.850.426,88.
En Balcarce 50 enfatizan que no hay reclamos por mayores fondos, aunque admiten la inquietud de altos mandos del gremialismo respecto del artículo 161 de la reforma laboral. Ese artículo reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%, lo que la CGT considera un golpe al sistema.
En un informe elaborado por José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias, se remarcó que “implica un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”.
¿Qué responden en LLA en este punto? En momentos en que el Gobierno deja abierta la posibilidad de negociar aspectos de la ley con la CGT, prefieren no contestar para evitar que se incremente la tensión.
Incluso, no se descarta modificar ese aspecto vital para todo el gremialismo.
