La Fiscalía de Diamante investiga presuntas irregularidades en dos obras públicas licitadas y pagadas durante la gestión de Juan Carlos Darrichón y adjudicadas a la misma empresa. En la obra de la nueva Terminal de Ómnibus se detectaron ausencia de proyecto, constancias falsas en certificados y pagos por avances no ejecutados. Por su parte, la obra de la bajada al puerto se rompió poco después de su inauguración y, según las inspecciones, carecía de la infraestructura y materiales comprometidos. Se están realizando pericias para esclarecer el supuesto fraude.
La denuncia fue presentada por el intendente Ezio Gieco en mayo de 2024, tras comprobar diferencias entre lo adjudicado y lo efectivamente ejecutado en la terminal. La Unidad Fiscal de Diamante, a cargo de Gilberto Robledo, inició medidas investigativas y al expediente se sumó otra causa: la del asfaltado de la calle conocida como “bajada la puerto”, que zigzaguea desde la ciudad hasta el río Paraná y se destruyó a poco de ser inaugurada en los últimos días de la gestión de Darrichón.
La pesquisa inicial se centra en la obra pública para la “construcción de un inmueble para la nueva Terminal de Ómnibus”. Entre los aspectos denunciados se consignan:
1) Contratación y monto: la obra fue licitada mediante Licitación Pública N° 09/2021 y adjudicada a la firma Brokan Constructora, de propiedad de Franco Leikan, por un monto total de $172.977.752,68. Los fondos provenían de un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación. El empresario es hijo del “Ruli” Leikan, vinculado al negocio de las canteras y a Vialidad.
2) Plazo de ejecución: el Contrato de Locación de Obra Pública se celebró el 2 de marzo de 2022 y el Acta de Inicio de Obra data del 20 de abril de ese año. El plazo pactado fue de 420 días corridos, por lo que la obra debía finalizar el 14 de junio de 2023.
3) Delitos potenciales: la Fiscalía pretende determinar si los hechos configuran fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174, inciso 5°) y/o falsedad de datos consignados en instrumentos públicos (art. 292 y siguientes del Código Penal).
La Municipalidad detectó irregularidades y posibles falsedades documentales en el expediente. La principal anomalía radica en los Certificados de Avance de Obra, detallados de la siguiente manera:
1. Certificación falsificada: se confeccionaron 13 Certificados de Avance de Obra. El último, correspondiente a abril de 2023, consignaba un avance físico del 75,55%.
2. Discrepancia notoria: un relevamiento e informe posterior, encargado por la nueva gestión, estableció que el avance físico real a esa fecha era del 36,67%.
3. Ítems falsamente completados: el Certificado de Avance de Obra N° 13 consignaba como ejecutados al 100% numerosos ítems que no se verificaban en la obra, entre ellos señalización vertical, paisajismo, iluminación, transformador de potencia, artefactos de iluminación, termotanque de gas, vidrios de frente comercial de boleterías y núcleos sanitarios (a excepción del espejo), entre otros.
4. Uso de instrumentos apócrifos: la magnitud de las falsedades sugiere que no se trató de errores de medición. Esos certificados apócrifos habrían sido utilizados para que la empresa cobrara pagos por avances inexistentes.
5. Deficiencias estructurales y desvíos del proyecto: además de las irregularidades en los avances, la obra presenta graves problemas constructivos y desvíos injustificados respecto del proyecto original, como columnas fuera de eje, patologías en elementos de hormigón, vigas sin soporte vertical (apoyadas sobre mampostería no portante), debilitamiento y falta de aplomo en muros altos sin encadenados, cubiertas sin arriostramiento adecuado y agrietamientos importantes en revoques.
6. Adjudicación post-vencimiento: aun con conocimiento de las negligencias y a solo dos días del vencimiento del plazo de obra, se adjudicó a la misma empresa (Brokan Constructora) un nuevo Contrato de Locación de Obra Pública por más de $42 millones para la calle de la bajada al puerto, donde asimismo se constataron severos problemas.
7. Sospecha de connivencia: del análisis de los hechos, el denunciante sospecha la posible existencia de connivencia entre los responsables de Brokan Constructora y exfuncionarios municipales de Diamante que intervinieron.
La Municipalidad sostiene que podría haberse cometido un fraude a la administración pública con pagos basados en certificados fraguados. El monto total de la obra fue de $172.977.752,68. Se otorgó un anticipo financiero del 20%, por $34.595.550,53. En total, el municipio abonó a la adjudicataria el 80% del valor contractual, ascendiendo a $138.382.202,14, basándose en certificados que consignaban un avance superior al 75%.
Posteriormente se constató la situación real de la obra, que según la denuncia se encontraba “en estado crítico, con graves deficiencias de construcción” y un avance real del 36,67%. Un informe técnico detalla un “sinfín de deficiencias constructivas”, señalando fallas en la mano de obra, desvíos del proyecto original, exposición de armaduras y óxido, elementos estructurales mal ejecutados y falta de estabilidad en muros.
Ante ese panorama, la actual gestión municipal procedió a la rescisión del Contrato de Locación de Obra el 6 de mayo de 2024.
Esta semana, un perito de la Justicia visitó Diamante para realizar la inspección que relevará información clave para su dictamen. Ese informe será la base sobre la cual la Fiscalía podría avanzar en eventuales imputaciones.
En paralelo, se agregó al expediente la otra obra con los mismos actores: la bajada al puerto. A la misma firma se le pagaron más de $42 millones; Darrichón la inauguró y, según las inspecciones, la obra se rompió tras una lluvia y no contaba con hierro ni con la infraestructura comprometida.
Personas que intervinieron y están señaladas en la causa:
– Ingeniero José Zubielqui: designado inspector de obra y funcionario municipal (Director/Secretario de Obras Públicas). Firmó la totalidad de los Certificados de Obra y tenía la responsabilidad de controlar e inspeccionar el proceso constructivo y certificar el avance.
– Franco Leikan: titular de Brokan Constructora. Firmó la totalidad de los Certificados de Obra (salvo el N°13).
– Ing. Martín Caballero: representante técnico de la empresa. Firmó los Certificados de Obra.
– Juan Carlos Darrichón: presidente municipal de la gestión anterior. Suscribió los certificados N° 11 y 12.
– Norma Salcedo: Secretaria de Políticas Sociales A/C de Turismo y Cultura. Suscribió los certificados N° 11 y 12.
– Otros funcionarios municipales: la denuncia sostiene que las irregularidades no podían pasar desapercibidas para otros integrantes de la gestión. El arquitecto Mauro Brumatti Gieco denunció las graves irregularidades y la diferencia entre el avance certificado y lo ejecutado mediante un informe en junio de 2023, aunque no hay constancia de que la gestión Darrichón haya solicitado aclaraciones al inspector o a la empresa.
La causa continúa su trámite en la fiscalía mientras las pericias judiciales intentan determinar la magnitud del presunto fraude y la eventual responsabilidad de los involucrados.
La obra de la terminal quedó en solo un 36% de avance, pero se certificó y pagó por un 80%.
Darrichón, Leika y Schlotauer, en la firma de la adjudicación de la obra pública.
Tras una lluvia, la obra de la bajada al puerto se rompió.
