El 1º de agosto, el juez de Garantías Julián Vergara envió la causa a juicio, lo que dio pie a la constitución del tribunal colegiado que, por segunda vez, juzgará al exgobernador Urribarri, quien ya recibió una condena de 8 años de prisión en el megajuicio. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), organismo administrativo bajo la órbita de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), decidió, de manera autónoma, apartar a magistrados que consideró debían inhibirse debido a su intervención previa en el caso, y determinó que en el estrado deberían estar Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, y Rubén Chaia, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay.
Cánepa se excusó al haber sido el fiscal de la causa; lo mismo hizo Chaia, argumentando que la OGA había seguido un camino de exclusión de magistrados “naturales” sin justificación.
La serie de apartamientos generó un panorama peculiar: ocho de los nueve miembros del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná se encontraron inhabilitados para intervenir en el juicio por la megacausa Coimas, tal como había decidido la OGA.
El primer magistrado que fue excluido de una eventual integración del tribunal fue el vocal Santiago Brugo, ya que resolvió las apelaciones a las decisiones firmadas por el juez Vergara en la megacausa. También quedaron fuera sus colegas Mauricio Marcelo Mayer, Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, quienes intervinieron, respectivamente, como juez de Garantías, Fiscal de Coordinación y vocal de juicio abreviado en la investigación.
Además, se excluyó a los vocales Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes habían resuelto, el 10 de mayo de 2024, un planteo recusatorio en relación a la intervención de su colega Brugo.
La OGA del Poder Judicial determinó que el tribunal quedaría conformado de la siguiente manera: Alejandro Joel Cánepa, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; Rubén Alberto Chaia, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; y María Carolina Castagno, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
Sin embargo, esa integración no pudo concretarse, ya que Chaia se excusó.
Posteriormente, se decidió que el tribunal encargado de juzgar a Urribarri en la megacausa Coimas estaría compuesto por Gervasio Labriola (primer voto), Matilde Federik (segundo voto) y Carolina Castagno (tercer voto).
Este esquema también tuvo que ser reconfigurado, ya que la jueza Federik se inhibió. La magistrada argumentó que “existe un impedimento legal para intervenir como magistrada en la presente causa, en tanto tal como se señala, intervine anteriormente como parte (…) -Fiscal Coordinadora-, participando en una audiencia y suscribiendo un recurso de queja”. De la lectura de la ley procesal se desprende claramente que la intervención previa como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, sin importar cuál haya sido, impide cualquier actuación como magistrada en la causa. Esto no es un tema sujeto a apreciación, contrariamente a lo que ocurre con la intervención en otras instancias de la magistratura, por lo que considero que debí ser desinsaculada de inmediato por el organismo administrativo.
Los fiscales de la causa, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, también criticaron la decisión de la OGA de modificar la composición del tribunal de manera independiente. En un escrito, señalaron que “se sigue un camino completamente inverso al que corresponde, asumiendo que los potenciales jueces que han sido excluidos se encuentran impedidos de actuar, relevando anteriores intervenciones que en modo alguno representan un obstáculo para componer el tribunal de juicio, o alegando de manera genérica, sin ofrecer precisiones al respecto, que el magistrado ha actuado como fiscal. Efectivamente, al afirmar que se ha tomado un camino erróneo, sostenemos que debió integrarse el tribunal desinsaculando a los magistrados Santiago Brugo, Juan Malvasio y Alejandro Cánepa, dado que han intervenido como juez de apelación, juez de juicio abreviado y fiscal de coordinación, respectivamente, y realizar el respectivo sorteo con el resto de los potenciales vocales para proceder con la pertinente integración. Una vez conformado el tribunal con aquellos jueces que no han tenido contacto con la prueba admitida, habilitar la respectiva instancia de excusación para que los magistrados seleccionados, si así lo consideran, expongan los motivos por los cuales se sienten impedidos de intervenir.
La subdirectora de la OGA, María Belén López Vargas, informó el martes 2 de septiembre sobre una resolución que indica: “Atento al estado de las presentes actuaciones, la excusación formulada por la vocal N°2 Matilde Federik, y la excusación oportunamente efectuada por el vocal N°3 Alejandro Cánepa; corresponde integrar el Tribunal de Juicio para resolver la incidencia con el vocal N°6 Alejandro Diego Grippo. En virtud de lo estipulado en el Punto II.5.b) del Reglamento para las Oficinas de Gestión de Audiencias de la provincia de Entre Ríos, quedando conformado en el siguiente orden: Gervasio Labriola -primer voto-, Alejandro Grippo -segundo voto-, y Carolina Castagno -tercer voto-.
Sin embargo, una vez más hubo que barajar y dar de nuevo, ya que Labriola se excusó de intervenir.
Este miércoles, el tribunal de la megacausa de las coimas fue reconfigurado, quedando integrado por Rafael Martín Cotorruelo, María Carolina Castagno, y Alejandro Diego Grippo.
No obstante, es posible que esta integración no sea la definitiva, lo que dejará el inicio del juicio en la megacausa de las Coimas en un estado de indefinición.
