La fiscal federal Josefina Minatta ha iniciado de oficio una investigación sobre el proyecto de instalación de una planta de combustibles en la ciudad de Paysandú, ubicada sobre el río Uruguay, frente a Colón.
“En el caso de Botnia, se nos indicó en La Haya que no logramos demostrar la contaminación, pero en realidad no es que no se pudiera comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para hacer una comparación. Por ello, es fundamental para mí llevar a cabo un monitoreo del estado del río y del ambiente en general, con el fin de contar con registros y, en caso de un conflicto más grave, disponer de elementos tangibles”, explicó Minatta a El Entre Ríos sobre los objetivos de su trabajo.
En esta primera etapa, “hemos solicitado información a las Secretarías de Ambiente de la Provincia y de la Nación, las cuales no tenían datos al respecto”.
Una medida significativa que se ha tomado es “encargar a la Prefectura la realización de muestreos periódicos del río. A pesar de que la CARU también lleva a cabo muestreos, queríamos contar con una fuente independiente”. Asimismo, “estamos recabando testimonios de los vecinos de Colón”.
En la actualidad, el principal obstáculo que enfrenta la Fiscalía de Concepción del Uruguay, a la que pertenece Minatta y que tiene jurisdicción en Colón, es la falta de información.
“Hasta el momento, la empresa no ha presentado la documentación ante el organismo uruguayo competente, por lo que no disponemos de estudios de impacto ambiental que nos permitan evaluar el posible daño. Tan pronto como los presenten, activaremos todos los mecanismos necesarios para que la cancillería pueda solicitarlos”.
Asesorada por expertos en el área, Minatta menciona entre los posibles daños que podría ocasionar el emprendimiento a los habitantes de Colón que “se extraerá una cierta cantidad de agua, lo cual podría ser perjudicial para el río, y además habrá un retorno de material tratado que podría ser contaminante”.
Los delitos que podrían ser imputados, en caso de que las pruebas lo justifiquen, incluyen “alguna violación a la Ley de Residuos Peligrosos o daño al río”.
Respecto a los responsables de la empresa, “podrían ser imputados”, al igual que ciertos funcionarios argentinos, quienes podrían estar sujetos a una evaluación por “algún incumplimiento de sus funciones”.
Fuente: El Entre Ríos.
