El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná decidió este martes rechazar el pedido de excarcelación y de arresto domiciliario para Roberto Fabián Coronel, un funcionario de la Policía de Entre Ríos que se encuentra detenido en la Unidad Penal 1 de Paraná desde hace año y medio. Coronel está procesado por “comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas” en calidad de coautor, dentro de un caso que tiene como principal acusado al productor agropecuario Leonardo Airaldi.
El abogado defensor, Claudio Patricio Berón, sustentó su solicitud en el principio de presunción de inocencia, argumentando que las medidas coercitivas deben ser consideradas excepcionalmente. Afirmó que, dado que el caso ya fue elevado a juicio, no existe el riesgo de que se obstaculice la investigación.
Para contrarrestar el riesgo de fuga, la defensa enfatizó el fuerte arraigo de Coronel, quien tiene pareja, dos hijos adultos y ha residido toda su vida en Diamante. Además, el defensor subrayó que su cliente ha mostrado disposición para colaborar durante su declaración indagatoria. En cuanto a la pena contemplada, el abogado expresó que existen “altas expectativas de ser absuelto” en el futuro debate oral.
De manera subsidiaria, solicitó medidas alternativas como la prohibición de salir de la ciudad o el uso de un dispositivo de rastreo. Como última opción, propuso el arresto domiciliario, disponiendo una vivienda y la custodia de su pareja, e incluso ofreció el único bien inmueble de la familia como garantía real.
El fiscal general José Ignacio Candioti se opuso con firmeza a la liberación de Coronel, recordando que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema y convenios internacionales, la prisión preventiva no infringe el principio de inocencia si está debidamente justificada a partir de un riesgo procesal existente.
Candioti argumentó que la gravedad del delito imputado y la severidad de la pena (con un rango de 6 a 20 años de prisión, lo que excluye la posibilidad de una condena de ejecución condicional) hacen plausible que Coronel intente eludir la Justicia. Además, expresó dudas sobre el arraigo del imputado, mencionando que un informe socioambiental no ofrecía conclusiones concluyentes, incluso citando que un vecino desconocía si Coronel estaba empleado. Finalmente, destacó un factor determinante en la evaluación del riesgo de obstrucción: su condición de funcionario policial. Por ello, rechazó la solicitud de arresto domiciliario, considerándola fuera de las causales previstas por la ley.
El Tribunal Oral Federal coincidió con los argumentos del fiscal y determinó que el riesgo procesal no se encontraba neutralizado. Aunque aclararon que la culpabilidad de Coronel se determinará durante el juicio oral, consideraron que la prisión preventiva es una herramienta necesaria para “salvaguardar los fines del proceso”.
En su resolución, el Tribunal señaló que no se puede descartar la posibilidad de que el procesado interfiera en la causa, como “comunicándose con los testigos que van a deponer”. Por ello, decidieron que la prisión preventiva es “apropiada para cumplir con los requerimientos necesarios para llevar a cabo el juicio oral”, que está próxima a la fase de admisión de pruebas y fijación de fecha de debate.
Con base en estos argumentos, el Tribunal resolvió denegar tanto la excarcelación como el arresto domiciliario solicitados por la defensa de Roberto Fabián Coronel.
