La megacausa por los contratos falsos en la Legislatura de Entre Ríos, que ya presenta una enrevesada y prolongada tramitación judicial, sumó recientemente un nuevo capítulo con implicancias directas en la audiencia de remisión a juicio, que se encuentra actualmente suspendida. Este lunes 4, la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, María Carolina Castagno, revocó nuevamente decisiones tomadas por la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata, lo que provocó un giro procesal en esta etapa intermedia del caso.
La resolución de Castagno permitió la admisión de diversos recursos de queja presentados por los defensores de una docena de imputados, quienes habían cuestionado la negativa de Barbagelata a aceptar apelaciones sobre importantes resoluciones adoptadas durante la audiencia del 30 de junio. Entre estos temas se incluyen el rechazo a pedidos de sobreseimiento, objeciones por falta de causa probable, solicitudes de cambio de calificación legal y la decisión de diferir el tratamiento de excepciones relacionadas con la falta de legitimación y la prescripción.
“Sin avanzar sobre el fondo de las distintas cuestiones planteadas… corresponde declarar mal denegados los recursos de apelación interpuestos”, argumentó la vocal en su resolución, ordenando a la jueza de Garantías que los aceptara y aplicara el procedimiento correspondiente.
Los recursos admitidos fueron presentados por un amplio equipo de defensores: Emilio y Germán Fouces (representando a Sergio Cardoso, Jorge Lázaro y José Schneider), Victoria Halle (defensora de Mariano Speroni y Diego Pagnoni, funcionarios del Tribunal de Cuentas), Tomás Vírgala (por Roberto Faure), Miguel Ángel Cullen (quien defendió a Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Opromolla), así como Iván Vernengo y Damián Petenatti (defensores de Alfredo Bilbao), y Pablo Hawlena Gianotti, junto a Cullen, en representación de Jorge Enrique De Breuil.
El fallo de Castagno representa un nuevo obstáculo en el avance de la causa, cuya audiencia de elevación a juicio fue suspendida el 21 de julio, tras los planteamientos que ahora han sido formalmente aceptados.
La causa involucra a un total de 32 imputados, de los cuales 18 continúan en el proceso, ya que 12 lograron suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Actualmente, los imputados incluyen a Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla, Degani, además de Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
A mediados de abril, quienes accedieron a la probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y las hermanas Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
La investigación se centra en un fraude al Estado provincial, que se calcula en unos 53 millones de dólares, que ocurrió entre 2008 y 2018. Las maniobras delictivas, según la investigación fiscal, se llevaron a cabo a través de “contratos truchos” legislativos, involucrando a funcionarios públicos, empleados con cargos relevantes en ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a las estructuras estatales, quienes se encargaron de buscar “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques, entre otras prácticas. Se estima que el dinero desviado de las arcas públicas terminó en inversiones privadas, tanto inmobiliarias como agropecuarias.
