La asociación civil Entre Ríos sin corrupción presentó este miércoles un nuevo pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina. La denuncia, que se suma a otra ingresada la semana pasada, incorpora causales como el abandono de funciones y la morosidad en la resolución de causas.
La nueva presentación se realizó pasado las 8 en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados y fue dirigida al presidente del cuerpo, Gustavo Hein. En el lugar se hizo presente la presidenta de la ONG, María Fabiana Cian.
Este trámite se añade a la denuncia formulada el viernes anterior, la cual será analizada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, convocada a reunirse este jueves a las 11.
La denuncia de Entre Ríos sin corrupción se centra en varios puntos: el supuesto abuso del sistema de licencias, el abandono de funciones que habría afectado la labor judicial, la alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes durante la presidencia de Medina en el STJ, los aportes recibidos por parte de una entidad y un episodio calificado como abuso de autoridad.
En el texto se sostiene que “el extraordinario número” de días de licencia tomadas por Medina constituye “una falta ética básica” y se adjuntan estadísticas que evidencian demoras en la tramitación de causas en la Sala Laboral de la que forma parte la magistrada.
“Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”, subraya la presentación, que incluye datos sobre el desempeño desde 2019 hasta octubre de este año.
Según la información aportada, en 2024 el índice de morosidad llegó al 90 por ciento; en lo que va del presente año la morosidad alcanza el 88 por ciento. Los denunciantes comparan además esos registros con los de otras salas del alto cuerpo y consideran que esa conducta encuadra en la causal de mal desempeño.
Más argumentos y causales
Otro punto de la denuncia plantea la alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes durante la presidencia de Medina en 2022 y 2023. En particular, se citan actuaciones promovidas anteriormente por Entre Ríos sin corrupción en las que se advirtieron irregularidades, desprolijidades y omisiones en el procedimiento que sigue a la recusación o excusación de un miembro del alto cuerpo.
“La situación constituye una ineficacia funcional grave y una opacidad preocupante en uno de los pilares de la garantía del juez natural”, señala el texto, que alude a casos puntuales.
La presentación también cuestiona la aceptación y gestión de “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), entidad que hasta esta semana presidió Medina, y que habrían sido “entregadas por un justiciable y contratista del STJ”. La denuncia menciona a un banco que actúa como agente financiero del Estado entrerriano y a fundaciones vinculadas.
Los denunciantes acompañan imágenes de material institucional de AMJA en las que aparece el logo de la entidad mencionada. Sostienen que, de existir esos aportes, se trataría de un conflicto de intereses e “implicaría al menos una grave inconducta desde la perspectiva de la ética judicial, ya que la magistrada no debería recibir jamás ningún tipo de aporte o monto de parte de un contratista del Poder Judicial y, a su vez, justiciable en su fueron en el que tramitan múltiples causas contra dicho banco”.
Finalmente, la ONG incluyó en la denuncia un episodio que calificó como abuso de autoridad: en junio de 2022, durante la presidencia de Medina, representantes de Entre Ríos sin corrupción habrían sido impedidos de acceder a los Tribunales en el marco de una audiencia de una causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri.
