El peronismo se moviliza para evitar la privatización de la empresa nacional de energía atómica Nucleoeléctrica, también conocida como NA-SA, por vía del Congreso. Este lunes, el senador José Mayans presentó un proyecto que impide la venta del 44% de la compañía autorizada por la Ley Bases.
En la Cámara Baja, la diputada Agustina Propato impulsa una iniciativa que prohíbe expresamente la venta o entrega como “parte de una operación financiera” de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, todas ellas operadas por Nucleoeléctrica. Entre los fundamentos del proyecto, Propato señaló que “las centrales nucleares no pueden ser enajenadas ni ser garantías de operaciones financieras de ningún tipo, dado su carácter de esenciales para el desarrollo y la seguridad de la Nación”.
La oposición confía en que los proyectos destinados a frenar las privatizaciones puedan ingresar en la agenda parlamentaria esta semana. Además, espera que sectores que votaron la Ley Bases reconsideren su postura y se opongan a la venta del capital accionario de Nucleoeléctrica.
Las alarmas opositoras se encendieron desde que, hace unos días, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que “se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de NA-SA, incluida en la Ley Bases, como una de las empresas sujetas a privatización”.
Otro factor que generó preocupación fue el mensaje de la Subsecretaría de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, en el marco del viaje de la comitiva presidencial a Nueva York para pedir respaldo ante la fragilidad financiera, la cual se agravó tras las elecciones del pasado 7 de septiembre.
“Excelente reunión ayer con el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Navarro. Estamos entusiasmados por nuestra cooperación en energía nuclear y agradecidos por las acciones de Argentina en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional. Esperamos seguir profundizando el diálogo en materia de cooperación en seguridad”, publicó la subsecretaría norteamericana.
Desde el Partido Justicialista sostienen que detrás del proceso de privatización no existe ningún plan de desarrollo de energía nuclear, sino que se trata de una estrategia para paralizar completamente la tecnología atómica argentina, dado que, según sostienen, Estados Unidos busca dominio del área a nivel internacional. En este contexto interpretan que la decisión del Gobierno de Javier Milei y el plan de Damián Reidel responden únicamente al alineamiento geopolítico, en detrimento del interés nacional.
En esa línea, en la sede del PJ este lunes Propato denunció que una de las condicionalidades del Tesoro norteamericano para el respaldo al Gobierno de Javier Milei es “la desactivación del plan nuclear argentino”, que no tiene un “fin comercial sino geopolítico”. El argumento se sustenta en que Nucleoeléctrica no es una empresa deficitaria, sino todo lo contrario.
En sintonía con la diputada, el ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Diego Hurtado, apuntó que “Estados Unidos quiere ser competitivo en pequeños reactores nucleares” y que, por eso, el Gobierno libertario “paralizó el CAREM”, que contaba con un avance de obra del 64%.
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