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Entre las medidas analizadas se solicitará a la Nación declarar la emergencia ambiental para la zona, tal cual hizo con el Riachuelo, lo que implicaría la suspensión de aquellas actividades contaminantes y el compromiso del Estado nacional de remediar el daño ambiental causado.

Al mismo tiempo, se plantea solicitar la formación de una comisión interjurisdiccional para controlar las actividades que se desarrollen en la zona.

En ese sentido, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe, entre el 15 al 30 de agosto se labraron 40 actas de quema ilegal relacionadas a la explotación de estos terrenos para la cría de ganado.

Los ecologistas santafesinos advirtieron que el problema se agravará en los próximos meses cuando se adjudiquen unos 160 lotes en las islas victorienses para la cría y engorde de ganado. En este punto indicaron que la quema de pastizales se viene agravando año a año a medida que crece la cantidad de cabezas de ganado que pastan en estos terrenos. Por otra parte sostuvieron que la ley sancionada por la Legislatura entrerriana, autorizando la oferta de los campos, no está acompañada de un estudio del impacto ambiental sobre la zona.

Según los proteccionistas los humedales del Paraná constituyen una de las reservas de agua, flora, fauna y aire más importantes del país, por lo que se debe diagramar un plan sostenible para la zona con la creación de un parque nacional como lo propusieron varios legisladores nacionales.

A las críticas sobre la falta de controles del lado entrerriano, el comisario mayor Hugo Koz, integrante de la Brigada de Lucha Contra el Fuego, señaló que “hay intereses que quieren descalificar el accionar de la Provincia buscando una intervención nacional”.