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Taiana indicó que "nosotros creemos que las plantas por su magnitud, por su ubicación, por sus características, por su tecnología, van a causar un daño irreversible" en el medio ambiente.

"Siempre han ofrecido monitorear, lo que no han querido discutir es la localización y la tecnología con que van a funcionar" las plantas, indicó Taiana al programa "A dos voces", que emite la señal de cable TN.

En este sentido, Taiana consideró que el monitoreo ofrecido por Uruguay "es totalmente secundario" y, ante una pregunta, admitió que la propuesta no tiene mucho sentido.

El canciller uruguayo, Reynaldo Gargano, había ofrecido crear una comisión bilateral para monitorear en forma conjunta la construcción de las papeleras.

"Queremos ofrecerles todos los medios para que vengan, controlen, visiten las plantas y hagamos un trabajo conjunto de monitoreo", aseguró Gargano. Sin embargo, ratificó que las plantas de celulosa se construirán sobre el margen oriental del río Uruguay y descartó prácticamente la relocalización de una de las papeleras

Por otra parte, Taiana envió ayer una carta al titular del Banco Mundial, Paul Wolfowitz en la que reiteró el pedido de la Argentina para que la Corporación Financiera Internacional (CFI) se abstenga de financiar la construcción de las papeleras, hasta tanto al Corte de La Haya no emita el fallo de fondo en la controversia.

"Me permito renovar mi solicitud de que tanto la Corporación Financiera Internacional (CFI) como la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) tengan a bien continuar absteniéndose de tomar decisiones sobre el financiamiento de los proyectos, al menos hasta tanto la Corte se pronuncie sobre el fondo de la controversia", afirmó Taiana en la carta.

Pese a la resolución adversa de la Corte de La Haya, el canciller dijo que la Argentina "confía en que obtendrá una sentencia que reconozca acabadamente la misma".

Acerca del pedido para que la CFI no financie las obras de Botnia y ENCE, el titular del Palacio San Martín argumentó que "tal solicitud se fundamenta en la necesidad de evitar un compromiso con proyectos que sean juzgados incompatibles con el derecho internacional, con las consecuentes responsabilidades ambientales y sociales para las entidades financieras que participen en su financiación".

"En defensa de sus derechos, mi Gobierno no dudará en hacer uso de todos los medios disponibles para hacer efectivas dichas responsabilidades", indicó el ministro.