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En los considerandos de la Resolución se sostiene que los agentes “han incurrido en incumplimiento de las normas vigentes” y “normas de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, y en primer lugar se denuncia una “falta administrativa grave en lo que refiere a la atención de la salud de los jóvenes alojados en la residencia”, a quines no se les realizaban controles médicos-psiquiátricos y/o neurológicos desde hace tiempo. A los agentes se les imputa “brindar alimentación no adecuada a las actividades realizadas y a la edad”, se les atribuye la violación del derecho de los jóvenes de vivir con su familia de origen y no disponer la realización de actividades que desarrollen el derecho a la recreación. Con relación al aspecto institucional se denuncia desarticulación entre personal directivo, el equipo técnico y celadores, “ausencia de lineamientos claros desde la Dirección, desconocimiento de las normas vigentes en la materia, lo que delata la falta de coordinación con el Organismo Central”.

La Resolución cita que a Foja 74 del informe se denuncia la “Falta de compromiso, omisiones y abusos por parte del Equipo Directivo y de la Operadora Social” y a Foja 21 la “administración irregular de fondos” que deben percibir dos jóvenes beneficiarios de pensiones nacionales por parte de la Operadora Social Alicia Raquel Aldana y la Directora Emma Bohl de Aguet. Más adelante y en referencia al aspecto administrativo-contable se denunció la “inexistencia de control de destino de insumos adquiridos, falta de control y seguimiento de la calidad de la alimentación que se proporciona a los niños, exceso en la adquisición y uso de artículos de limpieza, falta de documentación respaldatoria sobre prescripción medica de los fármacos recetados a los niños, que impiden un control de dosis suministradas y diferencias en cuanto a la cantidad respecto a los medicamentos adquiridos, entrega de bienes y medicamentos a niños y jóvenes egresados sin control ni comprobantes de entrega que permitan la verificación de su destino y exceso de comprobantes efectivamente pagados respecto a las partidas recibidas”, irregularidades que resultan extensivas al Secretario Ecónomo Rubén Darío Sánchez. Por último al mismo agente se le señala la responsabilidad de no llevar libro de menú y registros de las entregas de mercaderías y artículos de limpieza, lo que “impide un control” e “infringe la obligación de rendir cuentas”, al tiempo que “afecta la hacienda publica con la administración irregular”.