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a ley fue publicada el miércoles 21 en el Boletín Oficial, y a partir de esa fecha deben pasar ocho días hábiles antes de que entre en vigencia, y ese es el plazo que exigen que se cumpla cinco de los siete directores del Iosper, que hasta ahora no reconocen las designaciones hechas la última semana por el Ejecutivo.
La consecuencia directa es un cortocircuito que tensó las relaciones con el Gobierno, y que hasta ahora ha impedido que tanto la fiscalizadora —que integran Ricardo Rizzo, Graciela Traverso y Ernesto Denis— cuanto la gerente general, Silvia Negrete, no hayan podido asumir efectivamente en sus funciones.
“De todas formas, nosotros, cumpliendo con las directivas del Gobernador, hemos tomado posesión, y nos hemos reunido con la anterior comisión fiscalizadora. Pero hasta el momento no tenemos lugar físico para trabajar”, admitió a EL DIARIO el abogado Ernesto Denis, integrante de la comisión fiscalizadora.

El Gobierno insiste con su tesitura, y ha resuelto sostener lo que ya aprobó la Legislatura. Al respecto, el gobernador Jorge Busti dijo, en declaraciones publicadas ayer, que “el directorio tendrá que aprender a trabajar junto a la comisión fiscalizadora”.
La Ley 9.715 no sólo crea dos supraorganismos por encima del directorio de la obra social —una prestadora que da cobertura a un 25 % de la población de Entre Ríos y que maneja una caja superior a los 100 millones de pesos al año— sino que además deja en suspenso la autarquía que el decreto ley 5.326 le otorgó al Iosper.
En sus “disposiciones transitorias” la Legislatura resolvió aplicar al directorio de la obra social provincial la obligación de poner en marcha un plan de “reducción de gastos” tendiente a bajar los costos operativos a un nivel que no supere el 12 % de los recursos presupuestados para cada año. El recorte, dice la norma, “no podrá ser inferior al 1% por año del gasto total presupuestado”.
Además, le “prohíbe” designaciones de personal, “excepto que se trate de la renovación de contratos vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, hasta tanto se reduzcan los gastos operativos al porcentual máximo previsto por esta ley”. Esos trámites “sólo podrán ser efectuados con la autorización previa y expresa del Poder Ejecutivo”.

RECHAZO

Aunque según dijo ayer Teodoro Demczuk, director del Iosper en representación de los docentes, la opinión mayoritaria en el organismo es que la ley de “intervención” todavía no entró en vigencia, y por eso “el directorio sigue funcionando con la autarquía que le da la ley de creación. No reconocemos todavía a la nueva ley. Hacemos uso de la autarquía y la autonomía en cuanto al manejo, porque somos las legítimas autoridades elegidas”.
En opinión de Demczuk, la designación de una comisión fiscalizadora y un gerente general, con las atribuciones que les da la ley que aprobó hace menos de diez días la Legislatura, se constituye “en una intervención, lisa y llanamente. Esto significa cambiar el escenario legal y jurídico en el que nosotros fuimos electos como directores. En estas nuevas condiciones que impone el Gobierno, los directores quedamos dibujados”.
De todas formas, todavía no está en claro cuál será el camino que elegirá la obra social —en realidad, cinco de los siete directores, además de Demczuk, el municipal Hugo Vásquez, el policía José Luis Viggiani, el legislativo Silvio Moreira y el representante de los empleados del organismo, Ricardo Muñoz— para rechazar la “intervención” del Ejecutivo, aunque Demczuk dio algunas pistas. “Vamos a esperar que entre en vigencia la ley, y entonces analizaremos qué caminos seguir. Todo es posible, incluso un camino judicial”, anticipó. (Fuente: El Diario)