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Según se informó oportunamente a través de publicaciones locales, se trata de los cadáveres sepultados entre 1932 y 1970 con cuyos deudos el municipio perdió contacto y por lo tanto se registran abultadas deudas por el uso del espacio. Desde la oposición la medida fue duramente criticada, argumentándose entre otros aspectos que podría haberse agrandado el cementerio en vez de de-socupar esos nichos.

Además se cuestionó la falta de difusión de la medida, pese a que ésta fue difundida a través de un edicto publicado en un semanario de la zona.

Según se informó, hasta ahora se retiraron los restos de unas 30 personas y ya se colocaron avisos en otros nichos más. Uno de los vecinos que tomó la voz cantante en el reclamo es Miguel Ángel Bártoli, quien objetó la medida municipal señalando que la propiedad de los nichos es “a perpetuidad”, por lo que la decisión municipal sería una expropiación ilegal. En declaraciones periodísticas, Bártoli invitó a las autoridades municipales a sostener un debate en la televisión local para discutir el tema.

El intendente Diego Lara, por su parte, defendió el procedimiento adoptado y explicó el alcance de los convenios que rigen este tipo de operaciones, que entre otras cosas están sujetos al pago del derecho anual por limpieza y mantenimiento, y que en caso de incumplirse produce la caducidad. Lara destacó que las deudas pueden regularizarse abonando solamente 60 pesos. (Uno)