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Según un informe de la corresponsalía del diario Clarín en Sao Paulo, la desmentida gestión obedeció a que una de las plantas en Uruguay está siendo construida por la empresa finlandesa Botnia, de capital estatal.

Taiana expresó que "en nuestro habitual diálogo con el canciller brasileño Celso Amorim, coincidimos en que las informaciones difundidas esta mañana no reflejan la visión compartida, de que la naturaleza del diferendo con la República Oriental del Uruguay sobre las plantas de celulosa, es de naturaleza exclusivamente bilateral. Y en consecuencia, mal puede interpretarse que Brasil efectúe gestiones secretas sobre una temática cuyo carácter bilateral se encuentra claramente definido".

El canciller agregó que "los presidentes de la Argentina y Brasil nunca hablaron sobre la cuestión suscitada con el Uruguay, ni se solicitó intervención alguna en tal sentido".

La versión de Clarín sostenía que la presunta gestión del presidente Lula habría consistido en solicitarle a la mandataria finlandesa, durante su reciente visita al Brasil, que intercediera ante Botnia, para que acepte suspender la construcción de su planta durante un máximo de 90 días. Ese es el requisito pedido por la Argentina para reiniciar negociaciones con Uruguay.

La tesis de la bilateralidad de su conflicto con Uruguay, es el argumento que esgrime la Argentina, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, para no acceder al pedido uruguayo de llevar al seno de ese emprendimiento regional el conflicto por las plantas.

El gobierno argentino sostiene que el diferendo con Uruguay debe encuadrarse en el Estatuto del Río Uruguay, que los dos países firmaron en 1975 y que los obliga a consultarse y buscar consenso sobre cualquier emprendimiento en el río fronterizo.

El Estatuto, que según la Argentina, Uruguay violó en tres oportunidades, establece que las controversias que surjan, deben dirimirse en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Los dos países han dicho que recurrirán a ese tribunal internacional.