E
l legislador aseguró que el proyecto fue considerado en reunión ampliada de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Producción para “consensuar los últimos retoques” que en ningún caso, acotó, fueron de índole estructural sino que corrigieron cuestiones “semánticas”.
OBJECIONES
Este proyecto fue cuestionado días atrás por la Federación de Cooperativas de Agua Potable por entender que antes de crear un organismo debiera elaborarse un marco regulatorio para la utilización del agua y luego, un ente.
“Es al revés”, replicó Melchiori, al responder el cuestionamiento. “Tenemos varias leyes, entes descentralizados, muchos organismos oficiales que tienen que ver con el agua y que trabajan en forma independiente y no centralizada. Este proyecto es exactamente al revés de lo que dice la Federación”. Argumentó más adelante que “está en un todo ajustado al Acuerdo Federal del Agua firmado en 2003, que recomienda que se hagan las organizaciones de cuenca, los consorcios de usuarios —una ley que va a salir de Diputados— y que haya una autoridad única del agua como tienen otras provincias y después, un marco regulatorio”.
Concretamente, el legislador del departamento Islas vinculó el proyecto que sancionaría hoy el Senado con el que está en tratamiento en Diputados sobre creación de Comités de Cuencas y Consorcios de Usuario y con la elaboración de un Código Hídrico, “en el que se juntarían todas las leyes que tratan sobre el recurso” y sobre el que aseguró, ya ha empezado a trabajar.
“Hoy Minería autoriza la extracción de arena del cauce de un arroyo; Hidráulica advierte que si se profundiza el arroyo, aumenta la velocidad del agua y produce erosión. Por allí, Medio Ambiente autoriza la deposición final del efluente de una fábrica a ese arroyo y aguas abajo, Obras Sanitarias autoriza la toma de ese arroyo para el agua del pueblo. Son áreas del Estado que tienen distintas funciones pero todas tratan sobre el agua y ninguna sabe lo que está haciendo la otra”. El ejemplo presentado por el senador dio pie a que señalara que “la gente no sabe dónde recurrir”.
Reiteró entonces que debe existir “la autoridad única del agua que conglomere a todos los actores, con brazo ejecutor en los comités de cuenca y consorcios de usuarios porque para que la ley sea eficiente tiene que estar descentralizada en su ejecución pero, centralizada su normatización en un código”. En síntesis, “centralización normativa y descentralización operativa”.
El proyecto en el Senado crea el registro único de obras, un catastro para identificar el lugar donde está cada una de las obras para que sea posible planificar el futuro de ese cauce, destacó también el senador.
Alertaron sobre un proyecto que favorece el manejo privado del agua
Organizaciones de la provincia denunciaron un proyecto de ley que “pretende otorgar a privados la facultad de definir políticas hídricas en las cuencas de la provincia y permite a los propietarios disponer sobre el acceso a las fuentes de agua”. Agmer, Ctera, CTA, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Delegación Departamento Uruguay, miembro de Asamblea Ciudadana Ambiental Concepción del Uruguay, Grupo Sinergia 2005, miembro de Red de Educadores Ambientales Argentinos; Proyecto Tierra, Fundación Eco Urbano; M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental; Asociación Ambiental Eco La Paz, Federación Amigos de la Tierra Argentina. Grupo de Educadores de Agmer Colón, suscriben el escrito en el que se marca también que la iniciativa “fue impugnada además por los ecologistas a causa de sus fallas jurídicas y su atropello a la normativa vigente”.
El proyecto que está en condiciones de ser tratado hoy o mañana, cuando sesione la Cámara de Diputados, alude a la creación de Comités de Cuencas y Consorcios de Usuario que “podría favorecer el manejo privado del agua en la provincia”.
Las organizaciones ecologistas entrerrianas hicieron llegar sus observaciones a distintos legisladores, con el fin de alertar sobre las consecuencias de un proyecto de ley que “postula prácticamente el dominio privado del acceso y la disposición a las fuentes de agua de la provincia”.
El senador Melchiori opinó en principio que “hay muy mala información” y que las referidas entidades “interpretan muy mal lo que significa la ley”. Desmintió que signifique “darle a particulares alguna facultad especial” ya que “en los comités de cuencas participan los privados, particulares, ONGs, directores departamentales, todas las instituciones”.
La Agrupación Eco La Paz; la Fundación Eco Urbano; el Proyecto Tierra y la ong M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, señalaron que “con esta norma, algunos pocos propietarios podrían definir la política hídrica de cada cuenca, porque el proyecto habilita a que la mayoría automática (51 %) de los poseedores de tierras puedan formar un consorcio que, entre otras facultades, tendría el poder de aplicar tributos e iniciar las obras que considere necesarias”.
