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Con esta determinación, el magistrado Guillermo Quadrini rechazó el pedido del gobierno entrerriano de impedir el paso de los camiones y juzgó que, de acuerdo con el Código Aduanero, sólo el Poder Ejecutivo nacional podría decidir "restricciones económicas", fundadas en razones sanitarias, de seguridad o de protección a la economía regional.

Los fundamentos del juez

"No se halla justificada la pertinencia ni utilidad de la medida reclamada y el impedimento de circulación peticionado se encuentra sancionado penalmente, por lo que una medida como la propuesta resultaría, incluso, reñida con la ley, lo que la torna directamente improcedente", sostiene el fallo.

Así, Quadrini falló en sintonía con el dictamen emitido la semana pasada por la fiscal federal María de los Milagros Squivo.

"Hasta el presente, ni la Aduana ni el juez están legitimados para aplicar una prohibición a la importación o la exportación de mercaderías con destino a las fábricas en cuestión porque dicha prohibición no existe", sostiene el magistrado en otro tramo del texto.

Quadrini recordó que, de acuerdo con el Código Aduanero, el Poder Ejecutivo está habilitado a "resguardar los principios económicos, sociales, culturales y morales de la sociedad" con la "imposición de prohibición a la importación o la exportación".

"En síntesis, y como acertadamente ha señalado la fiscal federal, las prohibiciones económicas y las no económicas previstas por la legislación aduanera sólo pueden ser dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional", concluye en su fallo el magistrado.

La denuncia fue presentada por Busti contra los directivos de Botnia y ENCE por tentativa de contaminación y luego ampliada con una medida cautelar para que se prohibiera el paso de materiales para ambas papeleras por la frontera.

Sin tregua.

Con la decisión del juez, la tregua con los ambientalistas que cortan dos de los tres puentes que unen la Argentina con Uruguay quedó más lejos. Es que la prohibición del paso de los camiones era una de las condiciones puestas por los vecinos para evaluar una flexibilización de las protestas.

"El fallo le hace poco favor al presidente y al gobernador. Creo que el criterio es equivocado. Estamos asombrados, apesadumbrados y turbados por esta decisión", aseguró el ambientalista de Gualeguaychú Pedro Pavón, quien dijo que la decisión judicial se la comunicó el vicegobernador Pedro Guastavino.

Aduana

Los vecinos de Gualeguaychú pretenden que sea la Aduana la que intervenga para frenar el paso de los camiones. Sostienen que el Código Aduanero habilita a ese organismo a impedir el tránsito por el territorio nacional de toda mercadería que afecte el medio ambiente y la salud de los habitantes.

Así se lo habían manifestado al presidente Néstor Kirchner cuando recibió a un grupo de ellos en la Casa Rosada.

De hecho, el 10 de noviembre último la Aduana bloqueó la exportación de una estructura que iba a ser utilizada para el montaje de una de las papeleras. En ese momento, el director general del organismo, Ricardo Echegaray, había dicho que la decisión del bloqueo se enmarcó en la aplicación de normas no económicas que tiene la Aduana en materia de medio ambiente y salud pública de la población.

Busti instruyó apelar la resolución del juez Quadrini

El gobernador Jorge Busti instruyó a su abogado patrocinador, especialista en derecho internacional, Juan Carlos Vega, apelar ante la Cámara Federal la decisión del juez de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, de no hacer lugar a la petición del primer mandatario y del vicegobernador Pedro Guastavino para prohibir el ingreso o egreso a nuestro país de transporte de carga con insumos destinados a la construcción de las pasteras.

Cabe recordar que las máximas autoridades del Gobierno provincial son querellantes en la causa penal iniciada contra los directivos de Ence y Botnia, que fueron denunciados por la posible comisión del delito ambiental en grado de tentativa.

Fue en este marco, al igual que luego lo hizo Fabián Moreno Navarro, de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que solicitaron con carácter de urgente que “se ordene a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Ministerio de Economía de la Nación, que prohíba el ingreso y egreso de nuestro país por la vía fluvial o terrestre de todo transporte de carga con insumos destinados a la construcción de las plantas ubicadas en Fray Bentos (República Oriental del Uruguay)”.