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Hubo un dictamen de la Fiscalía de Estado ante un pedido de informe del gobernador Jorge Busti y otro dictamen de la Secretaría Legal y Técnica con respecto a este tema”, dijo el abogado, al tiempo que detalló que en lo correspondiente a la repartición a su cargo se hicieron “una serie de valoraciones sobre el proceso, sobre cómo había sido planteada la demanda y cuáles eran los posibles escenarios de sentencia y cómo eso iba a incidir tanto en la provincia como en la municipalidad”.

“Era un juicio entre el Gobierno de Entre Ríos y la municipalidad de Paraná. Esos eran los dos actores principales y donde estaba centrada la discusión del dominio sobre el inmueble. A su vez también se había planteado contra otros codemandados que también aparecían involucrados en el proceso”, precisó, al tiempo que aclaró que fue iniciado durante la anterior gestión, la cual incluso propició una ley de expropiación del terreno por entender que era propiedad del municipio paranaense.

Además, sostuvo que “en ese entendimiento, el Poder Ejecutivo consideró que lo mejor era tratar de obtener una solución consensuada institucional con el municipio y por eso autorizó el desistimiento para poner fin al pleito. Se evaluó que una sentencia así fuera favorable a la actora, que era el Gobierno provincial, traería perjuicios al municipio de Paraná y por ende repercutiría en contribuyentes entrerrianos.

“Como el juicio sigue en proceso, y nosotros somos parte actora, no podemos hacer públicos todos los fundamentos que nos llevaron a aconsejar al Poder Ejecutivo que se desista”, dijo Franco.

El abogado sostuvo finalmente que “se han hecho manifestaciones públicas plagadas de inexactitudes que no reflejan el estado procesal de esta causa, pero por respeto a la justicia que aún debe resolver, la Fiscalía de Estado se va a abstener de realizar declaraciones que podrían ser malinterpretadas. Cuando la jueza resuelva, se informará pormenorizadamente a los ciudadanos sobre la situación del conocido balneario Los Arenales”, concluyó Franco.