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“Nadie discute que la obra social es propiedad de quienes la sostienen, es decir, de los trabajadores y jubilados que aportan mes a mes para su financiamiento, pero hay que asumir que hubo un fracaso en el modelo gerencial a cargo de los gremios, y si la salud publica es una función indelegable del Estado, pues bien, el Estado debe buscar las formas de garantizarla, y esa es la responsabilidad que estamos asumiendo con estas modificaciones en el status jurídico del IOSPER” es el razonamiento del legislador concordiense.

Así, Strassera reivindica algunos aspectos contemplados en la ley de su autoría como aquel que plantea que “los gastos operativos del Instituto, no podrán exceder del 10% de los recursos presupuestados para cada año”. “Eso es lo que debe gastar en su administración toda obra social para poder funcionar y prestar servicios a sus afiliados, y en el caso del IOSPER nos encontramos con que el gasto administrativo está en el orden del ¡ 20% !” sentencia el Vicepresidente 1º del Senado.

En ese orden el Dr. Strassera sostiene que la norma sancionada también constituye un avance respecto al reestablecimiento de un sistema de control y auditorias internas y externas que se han desjerarquizado. “Fíjese que en el Art. 8º de la ley se establecen penas para aquellos que sean encontrados culpables de fraude, falseamiento u ocultamiento de información tendiente a brindar u obtener prestaciones o beneficios indebidos”, agrega.

En el mismo sentido la ley se convierte en una herramienta de capitalización de la obra social contemplando un esfuerzo adicional conjunto entre trabajadores y el Estado que permita afrontar los gastos que demanda la atención de nuevas patologías que tiempo atrás no eran solventadas por la obra social.

Por último rescata la creación de una Comisión de Bioética conformada por profesionales de la salud, abogados, jueces, universidades y de la Iglesia. Strassera sostiene que la creación de esta comisión es una medida “de avanzada”, ya que debería permitir eliminar los negociados que algunos empresarios de la salud realizan muchas veces con enfermos terminales. Strassera, con vasta trayectoria en el ámbito de la salud pública, sostiene que “ciertamente hay empresarios que anteponen sus intereses empresariales y sus negocios frente a la posibilidad de lograr la mejor calidad de vida posible en los últimos tramos de vida de muchos pacientes. Fíjese Usted que las estadísticas indican que muchos pacientes solicitan –en su último período de vida- más prestaciones que en el resto de su vida, con el agravante de que ello muchas veces no mitiga siquiera su dolencia, sino que solo sirve para que algunos inescrupulosos pretendan continuar con sus negocios, por ello pensamos que una comisión de bioética de estas características puede ayudar mucho tanto a la obra social como a los enfermos terminales”.