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os 15 muertos son hoy una pesada carta para el juego político de las autoridades nacionales que ayer gobernaron la provincia y las provinciales de hoy que participaron en el aquelarre de la administración anterior. Ninguno puede zafar de la responsabilidad que les cabe por tamaña tragedia que el 14 de junio del 2004 se llevó a 14 mineros de un solo golpe y el 19 de diciembre último se cobró la vida del operario Ramiro Marín en circunstancias aún no del todo aclaradas pero donde se sospecha nuevamente la existencia de anormalidades en las medidas de seguridad.

El fantasma de Taselli.

Sergio Taselli es un empresario multifacético y multimillonario que -en la época en que Néstor Kirchner gobernaba la Provincia de Santa Cruz y Carlos Menem el país- se hizo cargo de la mina de carbón de Río Turbio.

En los pliegos licitatorios se establecían como parámetros a alcanzar obligatoriamente por el concesionario la producción de 1,5 millón de toneladas anuales de carbón. Pero Taselli estuvo lejos de cumplir con esa condición de productividad.

Para alentar al inversionista el Gobierno nacional le suministraba mensualmente dos subsidios:

• US$ 1,785 millón para el mantenimiento básico y pago de haberes del personal, y

• la provisión de la central de San Nicolás, la que tenía la obligación de pagarle a Taselli el doble del precio internacional del carbón. Es decir que cuando la tonelada costaba entre US$ 32 y US$ 34 en el mercado mundial, San Nicolás le abonaba al concesionario de YCRT entre US$ 74 y US$ 78 la tonelada.

Inversamente a todo lo normado por las cláusulas contractuales, Taselli no invirtió absolutamente ni un solo peso y por el contrario produjo el vaciamiento de YCRT, empresa que fue literalmente saqueada en sus fondos y patrimonio.

Hoy es común encontrar trabajadores que cuentan cómo se robaron talleres completos para la reparación de maquinarias específicas, equipo vial y automotor.

Cuando Taselli se retiró de la administración, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, éste envió como interventor al hoy diputado nacional Eduardo Arnold, quien llegó a una empresa en crisis, con cuatro meses de paralización de la mina y 4.000 trabajadores reunidos en asamblea que pedían trabajo, sueldos que les debían y futuro para sus hijos en un pueblo donde la minería es el sustento básico.

Arnold recuerda que en el piso de la usina del yacimiento había más de 10 cms de cenizas cuando se hizo cargo, las calderas no funcionaban y estaba todo desmantelado. Pero aplicando el subsidio pesificado que le enviaba el Estado ($1,700 millón) para pagar sueldos y hacer el mantenimiento primario, su administración recompuso las instalaciones y recomenzó la producción.

Todos ciegos y mudos

Entre las obligaciones que tenía el decreto de designación del funcionario nacional, Duhalde le pedía una auditoría integral de la empresa y así comenzaron las sorpresas cuando, por ejemplo, “no se podía levantar un inventario porque no existía uno anterior ”, indicaría más tarde el propio interventor.

Arnold, al final de la auditoría, realizó un cargo de US$ 170 millones a Sergio Taselli y -para que no se perdiera la documentación entregó copias simultáneamente a la Oficina Anticorrupción, a la Sigen, al Ministerio de Economía, y a la Secretaría de Energía de la Nación.

Ninguno de estos organismos de contralor hasta la fecha (10 de enero de 2006) se han expedido sobre el caso ni han denunciado penalmente a Taselli por los graves cargos que se le imputan, a pesar de los hechos documentados.

A la Provincia de Santa Cruz, si bien tenía en ese momento una responsabilidad secundaria, le cabe no haber controlado lo suficiente ni haber hecho hincapié en las irregularidades evidentes y significativas que llevaron a la tragedia. No se observa desde el gobierno de Sergio Acevedo un reclamo por saber qué pasó.

El comentario recurrente es: “todo está en manos de la Justicia”. Bastante poco.

Cuando Kirchner-De Vido se instalaron en la Presidencia, Taselli reapareció en su red de contactos, ahora como concesionario ferroviario, a quien su otro amigo Ricardo Jaime, con la instrucción de sus otros amigos, le paga subsidios varias veces superiores a los recibidos en YCRT.

El día que llovió el techo

A Eduardo Arnold lo sucedió, en el año 2003, el ingeniero Loncarich y el 14 de junio de 2004 se produjo el accidente que mató a los 14 mineros.

Las causas del incendio y posterior desmoronamiento del techo de la mina fueron la falta de seguridad, la desinversión, la falta de criterios de explotación y una desidia de parte de quienes debían velar por la integridad de los trabajadores. Pero la Justicia no se ha expedido. Y no tiene fechas.

El derrumbe en la Unión 9 de la Mina 5 cayó en manos del Juez Federal de Río Gallegos, Edgardo Caamaño, quien nunca fue al interior de la mina a hacer una inspección ocular.

Para realizar la observación, el magistrado pidió que le construyeran una maqueta sobre la cual basó su trabajo.

Entonces se limitó a procesar al encargado del área donde se encontraba la cinta transportadora donde se inició el fuego y a un jefe de seguridad.

No obstante, para arriba el juez desconoció la participación de funcionarios de los organismos de control, interventores, etc. Ni siquiera investigó a Taselli.

Después del desastre, Kirchner ordenó designar como nuevo interventor de YCRT a Román Daniel Peralta, diputado provincial (PJ) en uso de licencia para cumplir esta tarea que le fue encomendada personalmente por el Presidente.

Tapar carbón con inversiones

Algunos opinan en Turbio que el 14 de junio disparó las inversiones en la empresa y la sociedad turbiense. Meses antes del accidente, el presidente Kirchner visitó Río Turbio y anunció inversiones por $ 40 millones a ejecutar durante el año 2004. Cuando ocurrió el desastre, solamente se habían ejecutado $ 5 millones.

Pero desde entonces llegaron maquinarias nuevas, equipos de última generación, hubo modernización de vehículos y de herramientas, capacitaciones en Polonia y Checoeslovaquia, reinstalación del tendido ferroportuario para la carga de buques, instalación de nuevas usinas y múltiples inversiones menores que, en general, gozan de la lógica aprobación de todos.

En tanto, el único gremio que aglutina a los mineros es ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) se encuentra fragmentado por problemas domésticos, y hoy conduce la comisión interna la Lista Verde, encabezada por Lino Heredia, que responde a la conducción nacional de ATE.

Permanece en disidencia la denominada Lista Negra encabezada por Raúl Wanzo y Luis González quienes, además de criticar a sus pares de la conducción sindical -porque los consideran ‘conniventes’ con la actual Intervención han marcado falencias, y vaticinaron nuevos accidentes por lo que ellos entienden es una deficiente seguridad.

La Lista Negra también ha cuestionado la más reciente licitación que hizo el interventor Peralta para la construcción del tendido ferroportuario Río Turbio - Punta Loyola (Río Gallegos), obra cuya adjudicación se anunció en el Salón Blanco de la Casa Rosada, a beneficio de la UTE Roggio-Esuco (muy conocida por Kirchner).

De acuerdo al pliego licitatorio, la suma llegó a $ 108 millones en tanto que un minucioso estudio de costos expuesto por el sindicalista Luis González demostró que la obra no debería superar los $ 45 millones, considerando materiales nuevos, aprobados en la Unión Europea y bajo normas de seguridad ISO.

Esta fracción sindical acusó a Daniel Peralta de no escuchar, de negarse al diálogo, de ocultar información sobre pequeños accidentes que habrían ocurrido que fueron maquillados ante la opinión pública como “pruebas de sistemas”, y además lo acusan de sobreprecio en las licitaciones, y de atender sugerencias.

También de manejo discrecional de fondos y negarse al diálogo con quienes no respondan a su política. Han denunciando que le enviaron cartas documentos, que el interventor devuelve sin leerlas.

Un muerto más.

En los últimos días de diciembre de 2005, un nuevo accidente se produjo, esta vez en la Planta Potabilizadora que posee la empresa donde se procesa y lava el carbón.

El operario Ramiro Marín, por causas aún no establecidas, cayó sobre una maquinaria y su pie fue aprisionado por la polea de una turbina en funcionamiento que se lo destrozó. En Río Turbio le hicieron una primera amputación y lo trasladaron en un helicóptero del Ejército al Hospital General de Río Gallegos, donde sufrió dos amputaciones más y falleció luego de varios días.

El interventor Daniel Peralta, que gozaba de sus vacaciones, arribó a Río Gallegos, y dijo mantener contactos con la familia.

Sin embargo, la hija del operario, Marina Marín, afirmó que “cinco minutos después que murió papá se fue y no lo vimos más”.

El interventor tenía urgencia en la Ciudad de Buenos Aires ya que se llevaba adelante el acto de adjudicación de la licitación a Roggio-Esuco por $ 108 millones. Pero cuando regresó a Turbio, tampoco se interesó por el caso.

La familia de Marín sostiene que, después de la muerte del minero, en ningún momento la empresa se ha acercado y las únicas condolencias oficiales fueron enviadas por el intendente de la ciudad, Matías Mazú, en una escueta comunicación.

Por supuesto que recomenzaron los fantasmas de la inseguridad y el gremio paralizó por dos días la producción minera exigiendo el desplazamiento de los jefes del área donde se accidentó el minero de 60 años, y más de 30 en la empresa.

Acerca del accidente de Marín se sabe que la polea de un motor le llevó el pie y así permaneció no menos de 20 minutos, atrapado, semi hundido en el piso inundado con magnetita y si gritó nadie lo escuchó por el fuerte ruido que las máquinas. Éste es uno de los puntos básicos en lo que falló la seguridad.

“El ritmo de producción excesivo, la desidia, la falta de capacitación y la ausencia de controladores humanos son los que generaron las causas que llevaron a la tragedia del 14 de Junio del año 2004 y mas o menos lo mismo pasó con Marín” señaló Raúl Wanzo

Silencio ensordecedor.

No son pocos los que sostienen que la actitud del gremio (ATE) fue la de actuar rápidamente sobre los fusibles primarios, en ese momento el Jefe directo de Marín, para evitarle males mayores al propio Interventor.

Otros, incluyendo la propia familia descreen que haya habido y que exista actualmente interés por saber ciertamente lo que pasó y remarcan que existe un encubrimiento por la falla en la seguridad que han catalogado de muy graves, a pesar de las inversiones que se realizan.

Mientras tanto, a casi un mes del infortunado suceso nadie se ha expedido, ni hablado, ni siquiera se han dignado en dar explicaciones a la gente desde la propia empresa, todo es silencio y olvido reforzado por allí por alguna prensa paga que evita preguntar, ahondar e informar como corresponde.

De acuerdo a lo que se logró saber, en algunos aspectos se actuó al revés de lo aconsejado en estos accidentes:

> No se resguardó el lugar del accidente, por el contrario luego de una controvertida acta levantada por la empresa y el gremio, procedieron a lavar todo y cambiaron algunas piezas de lugar, es decir que alteraron totalmente el escenario del accidente.

> Por ser un ámbito nacional, la jurisdicción le corresponde a Gendarmería Nacional, que recién una semana después del accidente inspeccionó el sitio donde había ocurrido.

La hija de Marín ha efectuado la correspondiente denuncia en el escuadrón de Gendarmería de Río Turbio, sin que YCRT por su parte haya hecho lo mismo.

El 29 de diciembre, la familia Marín solicitó al Hospital de Río Turbio la vestimenta de Ramiro para establecer si era la adecuada para las tareas que llevaba a cabo en el momento del accidente, y si calzaba los zapatos correspondientes, si poseía casco, guantes, etcétera.

A más de 10 días de presentada la solicitud, aún no han recibido respuestas y algunos especulan que esas prendas habrían sido incineradas lo que agravaría la causa que han emprendido sus familiares en busca de la verdad.

Plata es lo que sobra

Se sabe que cuando fallecieron los 14 mineros el Gobierno nacional dispuso como medida de emergencia el envío de $ 800.0000 para repartir entre los deudos en algo así como $ 50.000 a cada familia. Algunos recibieron $ 10.000 ó $ 15.000, otros electrodomésticos, y nadie hasta hoy leyó un detalle de la asignación de esos fondos.

“No nos va a correr con plata como hicieron en el caso de las 14 familias. Nosotros no necesitamos casa, 4X4 ni plata porque lo tenemos, queremos justicia y hasta que no sepamos como murió mi padre no vamos a parar”, desafió Marina.

Ella no se encuentra sola. Su familia la acompaña. Y esta posición le provoca otro problema a la empresa YCR porque en este caso ya se avizora la presentación de varias ONG a las que Marina buscó para realizar la denuncia de su caso.

Un nuevo nubarrón sobre Río Turbio cuando aún no se despejaron los de 2000.

El año arranca negativo para Daniel Peralta, un ‘kirchnerista’ que guarda la íntima convicción que puede ser candidato a Gobernador en las próximas elecciones.

Sin embargo, solamente un giro decidido hacia la búsqueda de la verdad lo reivindicará ante la gente, que advierte que él es uno más de los que cumple disciplinadamente con las órdenes que le imparten desde la Casa Rosada.

(*)Rubén Lasagno, es Director de la agencia OPI Santa Cruz