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a afirmación fue realizada por el responsable de Asuntos Medioambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, quien entiende que primero Argentina "debe procurar que el gobierno uruguayo adopte las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental".
En tanto, el subsecretario de Medio Ambiente uruguayo, Jaime Igorra, catalogó las acciones de Busti como una "medida vengativa hacia las empresas, por no haberse instalado en Entre Ríos".
Sostuvo que hay una intención de "complicarles la vida a Botnia y Ence", y añadió que se trata de un reclamo económico y no ambiental.
Estrada Oyuela sostuvo que desde que se supo que las empresas Ence y Botnia se instalarían en el departamento de Río Negro, se solicitó al gobierno uruguayo la suspensión de las obras, y la ejecución de un estudio que verifique la pertinencia del lugar para el funcionamiento de las plantas.
El funcionario entiende que la ciudad de Fray Bentos es el sitio menos adecuado para su emplazamiento. No obstante, dijo que el gobierno uruguayo no informó el motivo de elección de este lugar.
Sostuvo que ni la Dirección Nacional de Medio Ambiente, uruguayo, ni la Corporación Financiera Internacional, ni las propias empresas efectuaron una evaluación sobre la localización de estas plantas.
A su entender, esto constituye un "defecto fundamental". Argumentó que el medio receptor de la contaminación es un aspecto central y que "lo ideal" es que la descarga fuera a parar al océano.

Estrada Oyuela dijo a diario La República de Uruguay que planteó al subsecretario de Industria uruguayo, Martín Ponce de León, la posibilidad de trasladar las plantas, pero este jerarca le respondió que su ubicación ya estaba fijada desde el gobierno de Jorge Batlle, y que en este punto no habría marcha atrás.
El gobierno argentino presentará en el correr de esta semana las respuestas al informe ambiental que hiciera la Corporación Financiera, que según indican, "no se ajusta a las recomendaciones de la Ombusman del Banco Mundial, Meg Taylor." Entre las observaciones que hará el gobierno argentino, se argumentará que no se tiene en cuenta la consideración de la opinión pública, ni las reglas generales de impacto ambiental. También fundamentarán que el proyecto de las plantas no contiene información precisa de la tecnología a aplicar, ni qué ocurrirá con las emisiones de gases.
Estrada Oyuela sostuvo que el gobierno argentino en su informe pretende establecer que el informe de la Corporación Financiera "no sirve porque está mal confeccionado."
El jerarca de la Cancillería argentina tomó posición sobre la acción legal que adoptará en el correr de la presente semana el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, contra las empresas Botnia y Ence, por los perjuicios medioambientales que conllevaría su funcionamiento.
"Es prematura la acción de Busti. Primero hay que esperar a constatar el daño para luego hacer la demanda", dijo Estrada Oyuela.
Dijo que se estimaron los daños que ocasionarían estas plantas, que rondarían los U$S 700 millones. Para ello se tomó en cuenta la caída de la propiedad inmueble en un 30%, además de la acumulación de dioxinas y gases, que podrían incidir en la producción de carne, leche y queso.
Si bien estos daños podrían ocasionarse cuando comiencen a funcionar estas fábricas, Estrada Oyuela dijo que "hoy no se puede demandar".
Acotó que el gobierno argentino procura en esta instancia que su par uruguayo instale las plantas en las mejores condiciones. "No estamos diciendo que no se hagan, ya que Uruguay puede hacer lo que quiera en su casa. Pero no puede molestar a su vecino", precisó el jerarca.

"Medida vengativa"

Por otra parte, el subsecretario de Medio Ambiente uruguayo, Jaime Igorra, catalogó las acciones de Busti como una "medida vengativa hacia las empresas, por no haberse instalado en Entre Ríos". Sostuvo que hay una intención de "complicarles la vida a Botnia y Ence", y añadió que se trata de un reclamo económico y no ambiental.
Argumentó que Uruguay se perfila como un competidor en la producción de celulosa y papel. Sostuvo que Argentina no hace reclamos ante las 225 plantas que tiene Brasil, por tratarse de una potencia, y que le reditúa un ingreso de U$S 8 millones al año. Igorra dijo que Uruguay no reclama el traslado de las empresas emplazadas en el Río de la Plata del lado argentino, por el vertimiento de sus afluentes, y coincidió con las afirmaciones del estilista argentino Roberto Giordano sobre que Busti estaba mal de la cabeza o toma mucho cuando hace sus declaraciones. Enfatizó que el gobierno uruguayo no cambiará de lugar estas plantas y asegura que estas plantas no contaminarán el río.