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La acción legal es considerada como una iniciativa histórica en el prolongado conflicto que los pescadores artesanales y deportivos y los pequeños y medianos comerciantes de pescado mantienen con las grandes empresas frigoríficas que exportan pescado en cantidades tales que han provocado una verdadera crisis del recurso pesquero en el río Paraná", se señaló. El recurso legal está siendo tramitado en el Juzgado de Primera Instancia, Distrito Nº 4, en lo Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del juez José María Zarza. Actualmente la causa está a cargo del juez de turno Enrique Müller.

La acción legal tiene como demandantes a Roald Omar Báscolo, Eloy Luis Cucit, Carlos Armando Del Zotto, Julio José Domínguez, Adolfo Lindolfo Espíndola, María Antonia Leguizamón y Hugo Neldo Mansur. El recurso de amparo fue acompañado de abundante documentación científica, incluyendo estudios realizados por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La presentación judicial solicita además "que se ordene al gobierno provincial santafesino reglamentar los cupos máximos por especie; cambiar el criterio para que el pago de la tasa fiscal actual en lugar de que ser por pieza capturada sea por kilogramo; y descentralizar los controles de impacto ambiental, además de agilizar los trámites para poner en vigencia el convenio que otorga poder de control a la Prefectura Naval".

El amparo tiende a lograr que "ante la falta de información fidedigna de carácter estadístico (capturas y esfuerzo), y hasta tanto se implemente un sistema de información pesquera y se dictamine científicamente cuál es el rendimiento real que puede ser extraído en diferentes sectores de la cuenca sin poner en riesgo la integridad del recurso pesquero, se adecuen los cupos de exportación generados por la pesca industrial", se indicó.

"Prohibir la instalación de nuevos frigoríficos pesqueros en la provincia de Santa Fe hasta tanto dictámenes científicos que emanen de entidades idóneas, independientes de la autoridad de aplicación, demuestren fehacientemente que el recurso pesquero no se encuentra en situación crítica o se haya salido de la situación actual de aparente sobreexplotación", es otro de los objetivos del recurso de amparo.

Otro punto clave es "solicitar al Poder Ejecutivo provincial que emita un dictamen que justifique técnicamente la viabilidad de continuar autorizando la extracción indiscriminada del recurso pesquero por parte del sector vinculado a la pesca industrial".

"Frente a la indiferencia de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia se conformó un grupo de vecinos espontáneamente agrupados en reuniones abiertas, en ejercicio del derecho que consagra la Constitución nacional en su artículo 41 a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras", se explicó.

"La acción legal busca que el tribunal que entienda en la causa haga respetar la Constitución nacional y ordene al Poder Ejecutivo provincial cumplir con lo que se reclama, que no es más que lo que la ley exige. La acción de fondo del amparo, que se decide en la sentencia admitiéndolo o no, persigue que el juez disponga que la autoridad de aplicación realice lo que fuera reclamado", se subrayó.

Uno de los demandantes, dijo que "el recurso pesquero en el Paraná sufre la peor crisis de los últimos 50 años. La crisis tiene varias causas, casi todas por actividades humanas, pero se destaca la sobreexplotación del río llevada a cabo de modo descontrolado por los grandes acopiadores como los frigoríficos pesqueros y los exportadores; también hay actividades contaminantes y algunas otras de menor importancia en cuanto al daño que provocan".