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Acompañado por el ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, el senador Héctor Strassera, el diputado Enrique Cresto y el director de Trabajo, Oscar Balla, el gobernador recibió a integrantes del Sindicato de Obreros de la Fruta.

Tras la audiencia, el secretario general del gremio, Salvador Medina, hizo saber que el primer mandatario les explicó los alcances de la declaración de emergencia citrícola, a través de la cual se flexibilizan cuestiones impositivas a las empresas que, bajo declaración jurada, demuestren su situación”.

De esta manera, según explicó el gremialista, “las empresas pueden continuar adelante con sus actividades y mantener la planta de personal”. Tal era la preocupación manifestada por los representantes sindicales, fundamentalmente para los departamentos Concordia y Federación.

Balla, por su parte, aclaró que la declaración de la emergencia “está destinada a las empresas”, es decir que “la actividad de los trabajadores continúa en formal normal, con la posibilidad de debatir sus escalas salariales, y las inspecciones se va a seguir desarrollando como hasta ahora”.

Cabe señalar que la citricultura es uno de los pilares de la economía entrerriana, con una superficie implantada de casi 42.000 hectáreas. Razón por la cual las contingencias climáticas y la caída de los precios internacionales, entre otras variables, han impactado en las economías regionales, representadas en su mayoría por pequeños y medianos productores.

El decreto

La norma, que lleva el Nº 1927, declara la emergencia citrícola en Entre Ríos, a la vez que faculta a la Secretaría de la Producción a establecer sus condiciones y alcances. Además, se otorga un aporte no reintegrable de 700.000 pesos a la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier) con destino a la realización de tratamientos sanitarios en las quintas cítricas asentadas en el territorio provincial. También será la Secretaría de la Producción la que establecerá las condiciones que deberá observar la Fecier para la asignación de los fondos.