E

l abogado realizó las polémicas declaraciones luego de que balearan el domicilio de Raúl Monzón, su defendido en la causa que investiga la desaparición de Fernanda Aguirre. Según Iparraguirre, los disparos se realizaron desde un vehículo que pertenecería a la división de Investigaciones de la policía entrerriana.

Consultado por EL DIARIO, acerca de sus fundamentos, Iparraguirre rememoró, rápidamente, una serie de casos en los que estuvieron sospechados agentes de la fuerza de seguridad.

“Basta con recordar a Martín Basualdo y Héctor Gómez, en 1994; a Elías Gorosito, en 2001, los tres continúan desaparecidos”, comenzó el abogado. “Está el caso de Marcelo Totín Pérez, también en 1994; los muertos de diciembre de 2001, fruto de la represión policial —continuó Iparraguirre—. Hay que agregar una serie de casos en Concordia de los cuales vale recordar el caso Balbuena”, en alusión a la causa en la que se condenó a agentes de la policía entrerriana por “tormentos, torturas y torturas seguida de muerte”, hechos que tuvieron por víctimas a cuatro jóvenes, uno de los cuales fue asesinado.

Aludió luego a los disparos a la casa de Monzón: “En el término de un mes se acribilló en dos oportunidades la casa donde Monzón vive con sus hijos”.

“Con todo esto, está claro que el comportamiento de la policía es similar al de los escuadrones de la muerte. En la Argentina, el gatillo fácil sigue vigente”, apuntó el abogado que agregó una serie de casos en los que se involucró a uniformados en apremios ilegales y torturas.

El abogado observó que, desde la asunción de Héctor Massuh como jefe de la Policía, hubo avances en la depuración de la fuerza separando agentes que han estado vinculados a algunas causas.

Sin embargo, consideró que “falta aún una depuración más estricta”, a la vez que subrayó la necesidad de “sancionar de una vez por todas la Reforma del Código Procesal Penal que permita separar a la policía, que depende del poder Ejecutivo, de la investigación de los juzgados, designando personal especializado”.

“Está probado que la policía no se investiga a sí misma”, concluyó el profesional que, por último, también consideró indispensable “la sanción de un Código de Faltas que le quite a los agentes la posibilidad de juzgar según su arbitrio a las contravenciones”.

Por último, observó que para algún sector de la policía “el pibe de los barrios, que padece la pobreza, no sólo está excluido del sistema productivo, si no que se le quita su condición de ciudadano, con garantías y derechos”.