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El objetivo de la ley de Digesto Jurídico (Nº 24.967), sancionada en 1998, es realizar un reagrupamiento de las normas vigentes y ordenamiento por áreas del derecho a las cuales pertenecen dichas normas, como así también la confección de un Archivo Histórico para aquellas no vigentes.

Aquella norma también dispuso la conformación de una Comisión de Juristas Notables y una Bicameral compuestas por cuatro diputados y cuatros senadores. Ésta última, es presidida desde la semana pasada por la Diputada Rosario Romero, quien además impulsó su creación, ya que no había sido conformada en el momento en que se sancionó la ley. Su objetivo es hacer un seguimiento y coordinación de las tareas de cotejo de las leyes nacionales, realizada por los académicos de la UBA y la el grupo de juristas especialistas en las distintas ramas del derecho, que preside el constitucionalista Daniel Sabsay.

En una entrevista realizada por el sitio digital “Inventario 22” la legisladora señaló que “ahora que la bicameral quedó constituida, la primer labor es tomar contacto con la comisión de juristas para acompañar su tarea, hasta tanto el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley de digesto, el cual va a ser el resultado de ese trabajo que acompañaremos desde lo parlamentario, y seguramente emitiremos un dictamen desde la bicameral acerca de la viabilidad o no del proyecto”.

¿Qué es y para qué sirve un digesto?

“Esto no es otra cosa que poner al servicio de la ciudadanía una ley mas clara y accesible que la que esta vigente, ya que según una máxima jurídica “el derecho que no se conoce, no se ejerce” expuso la diputada.

Y remitiéndose a los antecedentes del reordenamiento proyectado, la legisladora explicó que en 1998, año en que se sancionó la ley que dispuso su confección, el Ministerio de Justicia de la Nación llamó a licitación pública internacional, con el objeto de asignar la tarea de proceder al ordenamiento y cotejo de toda la legislación nacional de carácter general, comprendiendo leyes, decretos-leyes, decretos de alcance general ratificados por ley y decretos de necesidad y urgencia de alcance general, entre otras normas, dictados desde 1853. La tarea le fue asignada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los académicos comenzaron en 1999 con el reordenamiento de toda la legislación nacional. Pero al sobrevenir la crisis del 2001, se interrumpieron los trabajos por falta de pago. Ya en el gobierno de Eduardo Duhalde se recompuso el contrato, “que en sus términos originales no se podía sostener, ya que estaba pactado a valor dólar” y la universidad continúo con las tareas, explicó Romero.

El 19 de mayo pasado, en el Aula Magna de dicha casa de estudios tuvo lugar el acto de entrega del Proyecto Digesto Jurídico Argentino al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“La revisión implicó pasar al derecho histórico todas las normas no vigentes o las que habían agotado su vida útil, también aquellas que fueron derogadas tácitamente o las que se tornaron contradictorias con una norma posterior y por lo tanto fueron abolidas”, puntualizó la legisladora.

Se examinaron las 26.000 leyes nacionales dictadas desde 1853, de las cuales hoy se puede afirmar con certeza que quedan vigentes unas 4.000, aquellas que realmente tienen su aplicación en la cotidianeidad de la vida de los ciudadanos. Estas normas efectivamente vigentes serán agrupadas en orden alfabético y por las áreas del derecho a las cuales pertenecen. “Es decir –graficó Romero- cada letra va a tener una pertenencia temática por ejemplo con la “A” se designará a las normas ambientales. Además este reordenamiento también implica un rediseño numérico ya que de las 26 mil revisadas sólo están vigentes 4 mil”.

Seguridad jurídica

Este proyecto que no es otra cosa que “poner al servicio de la ciudadanía una ley mas clara y accesible que la que está vigente”, definió la diputada nacional entrerriana. Y añadió que, entonces, el digesto busca conferir seguridad jurídica, ya que sabríamos qué regla esta vigente sobre determinado tema, y a su vez nos ordenará hacia el pasado, puesto que es imposible definir cuál era el espíritu del legislador al dictar una norma, es decir, si aquel de 1946 cuando se dictó la primera ley, o el otro de 1974 cuando se sancionó otra norma que se contraponía con la primera. Ese tipo de dudas genera mares de discusiones jurídicas, y la investigación sirve para eso, para mostrar las contradicciones. El digesto va a consolidar las leyes vigentes y va a saldar las discusiones doctrinarias, y al mismo tiempo, hacia el futuro, nos ayudará a legislar mejor” expuso la doctora Romero.

Más adelante resaltó la dificultad que generan las derogaciones tácitas. “Al leer el texto de una ley es muy común ver al final un artículo que dice: deróguese toda norma que se oponga a la presente, y eso ocurre porque en realidad no se sabe con certeza que norma anterior se está alterando. Por lo tanto, en ese sentido también el digesto nos ofrece seguridad jurídica” indicó.

Técnica legislativa

La comisión de la UBA produjo también el Manual de Técnica Legislativa, que tendría aprobación junto con el digesto. El material establece métodos básicos de cómo se deben producir las normas, “el manual es excelente”, asegura Romero, “enseña como legislar, porque no cualquiera sabe como armar una norma, entonces la labor del Digesto de la UBA, sumado a la Comisión de juristas, más la bicameral nos van a permitir avanzar en la manera de legislar. No muchos países tienen digesto, Canadá por ejemplo, tiene una comisión permanente que a cualquier proyecto lo analiza y le da la forma. Los legisladores argentinos también podríamos tener la humildad de hacer revisar nuestras normas por especialistas” opinó la diputada.