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a medida, que significará la incautación de 60 millones de pesos, se llevará cabo bajo las estrictas recomendaciones de la Fiscalía de Estado para evitar dar pasos en falso dentro del 'ajedrez judicial' que se juega con la empresa por estas horas.Lo cierto es que, con el vencimiento del plazo para la renovación de esas garantías, por el contrato y la operación del servicio, a lo que se suma la nota presentada por la compañía anunciando su intención de rescindir el contrato, el gobierno está en condiciones de proceder a la ejecución.
El viernes pasado este tema se discutió en una reunión que mantuvieron en la Casa Gris el gobernador con los ministros de Asuntos Hídricos, Obras Públicas y Hacienda, junto con la fiscal de Estado. La interpretación oficial es que a partir de la nota presentada por Aguas, el gobierno tiene tres meses para contestar con lo cual se tratará de evitar en lo inmediato que la ejecución de las garantías signifiquen una rescisión por parte del Estado.
Esta cautela también tiene que ver con el plazo que se tomará el gobierno para recibir los bienes que usufructuó la compañía durante los años de concesión. En el gobierno circula el fantasma de la quiebra de Aguas, y con ello la posibilidad de una acción judicial que termine yendo contra la operación que sería traspasada al Estado. Si bien una forma de protegerse contra esta eventualidad era la conformación de un fideicomiso, al cual también se integrarían las garantías, esta alternativa quedó por ahora dentro del paraguas impuesto por el 'paso a paso' judicial.
Mientras tanto, la posibilidad de negociar el ingreso de un nuevo inversor privado al servicio cobró fuerza con la reaparición de la empresa Latin Aguas, que está cargo del saneamiento en Corrientes y La Rioja, como interesada. Pero mientras en el gobierno hay quienes se ven seducidos por esta alternativa, también están los que dudan sobre su capacidad para operar en la provincia. En cualquier, caso, estiman que cualquier 'reprivatización' debería darse una vez que la unidad de negocios pase a manos del Estado provincial.