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El Anexo “A” del “contrato de vinculación” entre la provincia de Santa Fe y el Nuevo Banco de Santa Fe firmado por el entonces gobernador Carlos Reutemann como prórroga hasta el 2008 del acuerdo suscripto a fines de los ’90 con la entidad financiera, establece los costos que pagará el vecino Estado provincial al banco controlado por el Grupo Eskenazi, que asumió hace días el manejo del Nuevo Bersa.

Este acuerdo, rubricado el 30 de mayo de 2001, fija el mismo procedimiento que se pretende imponer en Entre Ríos para el cobro de los servicios de agente financiero: el pago por porcentuales y no por canon fijo mensual, como era la usanza en nuestra provincia desde la privatización del Banco de Entre Ríos en 1994.

Pero, pese a que el esquema es similar, difieren los conceptos y montos por los que el Nuevo Banco de Santa Fe recibe su compensación en Santa Fe y los percibirá en Entre Ríos.

En efecto, mientras que en la vecina provincia se prevé que la transferencia de los recursos de coparticipación federal de impuestos, de los correspondientes a leyes especiales y de otros fondos nacionales se hará “sin costo” para el Estado, en Entre Ríos el NBSF a través del Nuevo Bersa cobrará el 0,15% de esta operación. El NBSF en Santa Fe percibe sólo el 1,5% de los montos de coparticipación de impuestos provinciales a los municipios y comunas.

Por trazar un ejemplo, si Santa Fe siguiera el mismo criterio en el particular que Entre Ríos, durante septiembre tendría que haber abonado por este sólo concepto al NBSF $ 382.758, el 0,15% de los más de 255 millones que obtuvo por transferencias tributarias del Estado nacional y sin embargo los recibió sin costo. De haber estado vigente en el pasado mes el convenio con el Nuevo Bersa, Entre Ríos tendría que haberle pagado al agente financiero $ 206.715, el 0,15% de los 137,8 millones que llegaron de la Administración Central.

Otro aspecto donde se marcan las diferencias es en el costo de atención del pago de haberes a los agentes de la administración pública y a jubilados y pensionados. Mientras que en Santa Fe la atención de órdenes de pago de haberes de los agentes de la administración pública centralizada y descentralizada y el servicio de abono de haberes con acreditaciones de ahorro figuran “sin costo”, a Entre Ríos se le cobra el 0,50% de la masa dispuesta para el pago de haberes (de activos y pasivos) y por la apertura y mantenimiento de las cuentas. En la provincia vecina, el Estado sólo paga el 2% sobre el monto de órdenes de pago a los pasivos.

Un punto de coincidencia es el beneficio que percibe el NBSF por la recaudación de los tributos provinciales: el 1%, aunque en Santa Fe por algunos tributos (ingresos brutos, por ejemplo) el Estado también paga $ 1 por cada comprobante o declaración jurada.

El acuerdo firmado por Reutemann y el NBSF, aprobado por ley 11892 y promulgado por decreto 1627, también contempla el pago de $ 30 por cada cuenta de la provincia y su mantenimiento y 15 mil pesos mensuales por la administración bancaria del “Fondo Unificado”.

Nada dice el acuerdo de agente financiero de la vecina provincia, que junto con el que rige en San Juan y que también tiene como protagonista al Grupo Eskenazi son los ejemplos que puso el Gobierno entrerriano a la hora de justificar el acuerdo con el Nuevo Bersa, del pago por transferencias entre diferentes cuentas del Tesoro provincial y de los organismos provinciales, por el pago de cheque intersucursales, el abono a proveedores y contratistas y por la apertura y mantenimiento de cuentas bancarias, que en Entre Ríos le dejará a la entidad financiera el 0,15% por cada una. (Fuente: APF)