A
simismo, en el borrador del convenio que el gobierno está negociando con las nuevas autoridades del BERSA queda de lado el pago por canon y se establecen cláusulas que obligan a que la entidad financiera sea “caja obligada” no sólo de la administración de los tres poderes del Estado y sus dependencias, de organismos provinciales descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado, con la salvedad de aquellos casos en que, por tratarse de recursos provenientes del exterior, esté manifiestamente expresado que los caudales deban canalizarse por otra entidad.El costo que abonará el Estado dejaría de ser un canon como ocurrió habitualmente desde que se privatizó la entidad financiera en 1994. A partir de la firma del nuevo acuerdo, la entidad percibiría un porcentaje de los montos de las operaciones que realiza: el 0,15 por ciento por percibir los recursos de coparticipación de impuestos nacionales y leyes especiales, el uno por ciento por la recepción de impuestos, servicios, tasas y contribuciones de la Dirección General de Rentas (DGR) y el 0,42 por ciento por el pago de haberes de activos y pasivos del sector público.
En el borrador se menciona también que los préstamos que se otorguen con fondos provinciales o aquellas en las que el Estado subsidie la tasa serán canalizados “con exclusividad a través del agente financiero”.
El gobierno provincial se compromete asimismo a dar “sus mejores esfuerzos” a que los municipios se adhieran mediante la suscripción de convenios al acuerdo y también a gestionar la exención del pago de Ingresos Brutos y a la Capacidad Prestable Fuera de la Provincia, que se establece por Ley Provincial Número 8.293. (APF)