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Es así que en el mes Febrero del año pasado se dio formal comienzo a esta tarea, a través de una reunión conjunta con los distintos sectores del mercado minorista de la provincia. Desde la Subsecretaría de Industria, Comercio y Relaciones Internacionales que conduce el Cr. José Gomez, se convocó y participaron de la misma, la Federación Económica y Centros Comerciales de Entre Ríos, Centro de Almaceneros de Paraná, Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Entre Ríos, el Sindicato de Empleados de Comercio, Hipermercados, Dirección de Trabajo, Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados, donde cada representante expuso sus planteos, quejas e inquietudes, y también el compromiso de acercar aportes sectoriales. En todo el transcurso del año pasado continuamos recibiendo documentación y propuestas de trabajo, recopilándose inclusive las remitidas hasta el mes de Setiembre. Conjuntamente se realizaron reuniones periódicas hasta el mes de Noviembre del año anterior. Culminado el receso administrativo de Enero de este año, hemos dado la continuidad normal de tramitación, teniendo en cuenta lo que significa un proyecto de ley y que no es el único tema que nos ocupa en esta parte de la administración, más rápido es imposible de marchar. Hacemos todos los esfuerzos necesarios.

Si ha existido un ámbito de discusión y participación ha sido a partir de la decisión política de este gobierno de trabajar con todos los sectores, habiéndoles dedicado largas horas de debates sobre las diferentes cuestiones del tema, y seguiremos trabajando para ello, aún en el caso de alguna discordancia conceptual o de tiempos, de quienes disconformes, puedan tener una actitud cambiante o que no reconozcan nuestros esfuerzos y conclusiones logradas con el resto del mercado minorista de la provincia.

Desde esta oficina se defiende a los consumidores entrerrianos, pero también y fundamentalmente a los actores locales del mercado minorista, y particularmente en esta tarea de elaboración legal queda demostrado con la total apertura brindada para la participación.

Es necesario aclarar que es nuestra posición lograr un proyecto consensuado, responsable y serio, que configure realmente un marco legal que perdure en el tiempo y no sea objeto de embates judiciales. Que tenga como destino final lograr un equilibrio en el mercado minorista, disminuyendo disparidades entre los comercios de pequeña y gran escala de ventas, e intentando disminuir asimetrías comerciales entre las pequeñas y grandes superficies, aminorando las posibilidades de concentración económica y permitiendo al pequeño comercio local acceder a herramientas económicas y técnicas que permitan una mejor intervención en el mercado, sin dejar de garantizar la mejor oferta para los consumidores, en un marco de leal competencia.

Los antecedentes legales del tema se desprenden de la Ley 9.206 que fuera dictada por el anterior gobierno del Dr. Busti, y que establecía pautas jurídicas claras y de participación como lo es por ejemplo, a través de un sistema de audiencia de consulta, como previo a la instalación de un emprendimiento comercial importante. Esta norma fue derogada por la Ley 9.393, dictada por la Gestión Montiel, con todo lo que ello significa para los entrerrianos, y cuyo gobierno no pudo reglamentar.

Sinceramente hemos hecho los esfuerzos necesarios con los distintos organismos de contralor de legalidad del Estado, y coincidimos en la imposibilidad de componer una reglamentación a esa norma. Su espíritu legal habla de ?imponer? condiciones de funcionamiento, que coincide con la filosofía del anterior gobierno, pero diametralmente opuesto a nuestro ordenamiento jurídico y la propia Constitución Nacional, como también, a la actual gestión de gobierno que pretendemos desandar.

Hay coincidencia de los sectores en la necesidad de una nueva regulación, conformamos un proyecto integral, que tiene que ver con las Grandes Superficies Comerciales, pero también con el suministro a estas por parte de productores locales. El mismo será puesto a consideración de los órganos de contralor de legalidad del Estado y de injerencia jurídica directa con la normativa, para que, en caso de su vigencia posterior, se garantice su perdurabilidad en el tiempo y cumpla su función. La experiencia anterior nos indica que es el camino correcto. Luego será remitido a las cámaras para su correspondiente debate en los ámbitos normales de nuestra democracia.

Si estos pasos se cumplen correctamente, como creemos se van a cumplir, se constituirá en nuestra política para el sector. La decisión política de impulsarlo está lanzada, y la necesidad de lograr un mejoramiento del perfil comercial para el pequeño comercio entrerriano es nuestro trabajo, como también garantizar el acceso al consumo digno, y en definitiva a una mejor calidad de vida.