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Con una declaración de inconstitucionalidad, los jueces buscan quedar a resguardo para el caso de que no se alcance un acuerdo con el Ejecutivo y también por si acaso se volviera a intentar afectar la intangibilidad de sus salarios.

“Se trata de una legitimación en el máximo nivel judicial posible de la pretensión de los jueces de que sus remuneraciones se paguen de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. Sería una declaración prácticamente inconmovible de que su pretensión es legítima”, explicó a El Diario el doctor Raúl Barrandeguy, patrocinante de la demanda de inconstitucionalidad.

Ante la consulta, informó que no ha recibido propuestas de arreglo en el marco de esta causa. Y recordó que “el 1 de julio se restablece la obligación de pagar los sueldos de diciembre”, por lo que “el gobierno deberá recomponer el 38 % en forma espontánea, o coactiva por cumplimiento de una sentencia judicial”.

No obstante, Barrandeguy observa “buena voluntad de las dos partes” para acceder a un acuerdo de fondo que frene los planteos y opinó que “lo más conveniente sería intentar desregular todas estas disposiciones de última hora que pretenden posicionar a los sectores en conflicto, y que no sirven para nada”.