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lentaron además a buscar medidas y acciones, en principio, de recuperación psíquica para los menores que padecen maltrato, abandono y violencia familiar y social; de contención y prevención ante el alarmante grado de marginalidad e indigencia que los puede inducir al delito, y una política de Estado que revierta la exclusión y desigualdad social, en el marco de una protección integral del menor y la familia.
La senadora nacional Graciela Bar presentó ante la comisión parlamentaria a los disertantes de Entre Ríos, Dora Jávega de Garcilazo, presidenta del Consejo Provincial del Menor y la Familia, y Arsemio Mendoza, defensor general de Minoridad y Familia.
En la cuestión legal, el doctor Mendoza detalló que en Entre Ríos existen 1.801 expedientes penales de menores, de los cuales el 57 por ciento son por razones de familia y el 43 por ciento por causas judiciales. De las causas judiciales surge que el 76% son por problemas asistenciales, mientras que por delitos, en la mayoría de los casos menores, no supera el 12%.
Explicó además que una gran cantidad de hechos delictivos parte de adolescentes de 18 años o aquellos por cumplir esa edad. En cuanto a los delitos comentó que en un 45 por ciento son contra la propiedad, un 27 por ciento contra las personas y un 11 por ciento son por homicidios, extorsión y/o secuestros.
Basándose en la estadística, Mendoza argumentó su oposición a bajar la edad para la imputabilidad penal a los menores.
En materia política, la doctora Jávega de Garcilazo propició dar tratamiento a la postergada ley de protección integral de los derechos de los niños y del adolescente y otorgar, por ley también, un financiamiento adecuado a programas orientados a la rápida inclusión social y escolaridad de los menores, mediante la concreción de ámbitos de capacitación y de trabajo. Hizo referencia además a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que dan cuenta que un 57 por ciento de la población urbana es pobre y otro 27 por ciento es indigente, lo que indica el alarmante porcentaje de personas que viven sobre la línea de marginalidad e indigencia.
“La exclusión social se caracteriza por una retirada del mundo laboral, la ausencia de otro tipo de protección y aislamiento social. Este grupo sufre las formas más extremas de pobreza, carece de acceso a las formas normalizadas de participación social y son incapaces de salir por sí solos de esta situación”, dijo la titular del Consejo Provincial del Menor, al tiempo que indicó que “las rupturas pueden ser compensadas por redes protectoras como la familia, la solidaridad comunitaria o pública. Cuando todos estos mecanismos fallan, las personas y familias, se precipitan hacia situaciones de fuerte irreversibilidad”.
Finalmente, la profesora Bar aseguró que en las distintas exposiciones de especialistas y representantes de las provincias argentinas, que se desarrollaron en cuatro jornadas parlamentarias, se pudo observar la “unánime oposición federal a la baja de la edad de la imputabilidad penal de los menores”, a la vez remarcó “la necesidad de la aprobación del sistema integral de protección del menor y la familia, como marco jurídico que atienda a los niños y adolescentes. La baja de la edad en la imputabilidad penal de los menores, no resuelve el problema de la inseguridad en el país”.
